Hacia la justicia social en la regulación del cannabis en México

Por Zara Snapp y Romina Vázquez / Este Pais

Desde que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró por primera vez la inconstitucionalidad que representa la prohibición del autocultivo de la planta de cannabis en noviembre de 2015, y después de cinco fallos a favor para alcanzar la jurisprudencia en febrero de 2019 que obligó al Congreso de la Unión a regularla, el proceso legislativo sigue. Durante dos largos años, traducidos en numerosos foros de Parlamento Abierto, anteproyectos de dictamen que se alejaban sustancialmente de las exigencias y la evidencia, llegaron más prórrogas que parecen que el proceso será interminable.

El 19 de noviembre de 2020, el Senado aprobó por mayoría legislativa la minuta de la Ley Federal para la Regulación del Cannabis, que también reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud (LGS) y del Código Penal Federal (CPF). Después de pasarlo a la Cámara de Diputados a finales de noviembre, de nuevo solicitaron y la SCJN concedió una prórroga hasta el 30 de abril de 2021 para legislar sobre la materia —una vez más—, aplazando la garantía de nuestros derechos humanos.

El siguiente paso consistiría en que las comisiones de Justicia y Salud de la Cámara de Diputados retomen el trabajo legislativo a principios de febrero, integrando las mejoras necesarias para cumplir con las sentencias de la SCJN. Después de su aprobación en Comisiones, se tiene que mandar al Pleno para su votación y después tendría que regresar al Senado de la República para su aprobación final. La minuta tiene que ser aprobada por las dos Cámaras sin cambios para después obtener la firma del Ejecutivo para su promulgación.

Esto significa aumentar las acciones afirmativas, quitar barreras al acceso, permitir el autocultivo y la operación de las asociaciones desde el primer día de la publicación de la ley en el Diario Oficial.