Laxos con el narcotráfico, no. Tratamiento diferencial, sí

El Observatorio de Cultivos y Cultivadores Declarados Ilícitos (OCDI Global – Indepaz), da cuenta de la polémica que se presenta en el seno del Consejo de Política Criminal, instancia en la cual el fiscal general, Nestor Humberto Martínez, se opuso y vetó una iniciativa preparada por el Ministerio de Justicia, en la que propone un acto legislativo para darle un tratamiento penal diferencial a los pequeños productores de cultivos de coca, amapola y marihuana, así como a las mujeres involucradas en delitos de droga. Según la información oficial, al menos cuatro mil mujeres están en cárceles por haber participado como correos humanos (o ‘mulas’) en el envío y tráfico de sustancias o por el expendio de pequeñas cantidades en las ciudades (microtráfico). Se calcula que las personas privadas de la libertad por delitos de drogas alcanza la cuarta parte del total de la población carcelaria en Colombia.

Desde el ser de la OEA y la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), se ha sugerido al Gobierno nacional, así como a otros Estados de la región, brindar alternativas penales a las personas que no son narcotraficantes, pero que se ven envueltas en este tipo de delitos. Así mismo, la Sesión Especial de Naciones Unidas, en su documento de resultados, ha urgido a los países a contemplar medidas sustitutivas a la sanción penal para los “eslabones débiles de la cadena de drogas”. Por su parte, el acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC contempla un capítulo de trato penal diferencial para los productores con enfoque de género, lo que hace suponer que la iniciativa del Ministerio de Justicia, la cual se venía trabajando desde el periodo de Yesid Reyes, se inscribe en estos escenarios de reforma.

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Thumbnail Flickr CC Luis Perez