Bogotá, Colombia, 20 de noviembre de 2013- Más de 50 organizaciones nacionales e internacionales de la sociedad civil instan a los ministros/as de seguridad pública a involucrarse en la búsqueda de alternativas a las políticas de drogas vigentes en la región, incorporando los derechos humanos, la reducción de la violencia y la minimización de los daños en las comunidades como elementos centrales de las mismas.

Este llamado, realizado a través de una carta abierta y que ha sido enviada a ministros de seguridad pública de la región en el marco de la celebración en Medellín, Colombia, de la Cuarta Reunión de Ministros en Materia de Seguridad Publica de las Américas (MISPA IV), estos 21 y 22 de noviembre y en un contexto en el que “la militarización de la seguridad pública, eje de la guerra contra las drogas, ha demostrado ser inefectiva y contraproducente”.

“Las políticas estatales de drogas aplicadas desde hace décadas en la región no solamente no han logrado sus objetivos de reducción de la escala o el tamaño del mercado de drogas ilícitas, sino que también han incrementado los niveles de violencia, han generado corrupción en cuerpos policiales y han impactado de manera desproporcionada en la poblaciones más vulnerables de la región” - señala Jorge Alberto Parra Norato, integrante del Centro de Derechos de Derecho, Justicia y Sociedad (DeJusticia), miembro del Consorcio Internacional de Políticas de Drogas y una de las organizaciones firmantes.

En este marco, organizaciones como DeJusticia (Colombia), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) Conectas Direitos Humanos, Transnational Institute, Washington Office on Latin America, Acción Técnica Social, Intercambios, Drug Policy Alliance, Centro de Drogas y Derechos Humanos (CIDDH) o el Consorcio Internacional de Políticas de Drogas, entre muchas otras, llaman a establecer una agenda de trabajo concreta que reajuste las prioridades de las políticas de drogas, modifique las estrategias de seguridad sobre drogas, fortalezca las políticas sanitarias de prevención y reduzca el fuerte impacto de los actuales modelos de justicia penal sobre los sistemas penitenciarios.

Además, en la carta se recuerda la importancia de dar seguimiento a la Declaración de Antigua, Guatemala, "Por una Política Integral Frente al Problema Mundial de las Drogas en las Américas" aprobada el pasado mes de junio por los estados miembros de la OEA en Asamblea General y en la que los estados se comprometieron a “continuar avanzando en la búsqueda de soluciones efectivas al problema mundial de las drogas desde un enfoque integral, fortalecido, equilibrado y multidisciplinario, con pleno respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales, que incorpore la salud pública, educación, e inclusión social”

Entre las medidas propuestas a los ministros de seguridad pública se encuentran la revisión de la proporcionalidad en las penas por delitos vinculados con drogas, la implementación de una perspectiva de género, la descriminalización del consumo y la revisión del papel de las fuerzas armadas en operativos antinarcóticos.

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Vea aquí y abajo la integridad de la carta abierta. 

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