David Giraldo, IDPC, y Jorge Hernández Tinajero, CUPIHD

Esta es la cuarta entrega de nuestra serie de blogs sobre México. Este entrada revisa el estado actual del debate sobre políticas alternativas a nivel mundial, así como las el posible impacto o influencia que podrían ejercer en el caso específico de México.

En la primera entrada de esta serie sobre México, nos referimos a la importancia de aprobación del uso de marihuana con fines recreativos en los estados de Colorado y Washington en los Estados Unidos, así como la del reingreso de Bolivia a la Convención de la ONU de 1961 con una reserva sobre el mascado de hoja de coca. Estos hechos marcan, sin duda, un punto de quiebre al modelo prohibicionista que ha imperado por tantos años en el mundo, aunque están lejos de ser casos aislados o excepcionales.

 

En Holanda, por ejemplo, aunque legalmente nunca se han descriminalizado las drogas, por muchos años ha habido una política de tolerancia que de hecho llevó a la apertura de cientos de locales para la venta y el consumo de cantidades limitadas de marihuana, conocidos como coffee shops. En general, en este país el uso y la posesión de drogas no son perseguidos, siempre y cuando se trate de cantidades destinadas al consumo personal.

Portugal, por su parte, descriminalizó el consumo y la posesión de todas las drogas en 2001, con lo cual el país cambió su enfoque sobre la adicción considerándolo un tema de salud pública. Desde entonces, se han instaurado unidades móviles de salud, programas de prescripción y de intercambios de jeringas, entre otros.

En ciertas regiones de España parece perfilarse una reforma tendiente a reconocer los clubes sociales de cannabis, no sólo como una manera de garantizar los derechos de sus usuarios, sino también como una fuente de impuestos y recursos frescos para la difícil situación económica del país.

En América Latina, países como Chile, Argentina y Colombia, e incluso México, han establecido modelos de despenalización de dosis personales de drogas.

A mediados de enero de este año, el Presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, anuncio en el Foro Económico Mundial de Davos que legalizaría los cultivos de amapola en el norte del país con el fin de producir legalmente medicamentos a base de opio, como morfina. Por su parte, el Presidente de Uruguay está a punto de votar una ley sobre la creación de un mercado regulado para la marihuana, en el que tanto la producción como la distribución de la sustancia estarían a cargo del estado.

De esta manera, América Latina parece perfilarse con un cierto liderazgo en el debate sobre cambios al régimen internacional de control de drogas, lo que no podría ser más pertinente y oportuno, teniendo en cuenta que durante décadas la región tuvo que aceptar, prácticamente sin objeciones, las directrices de Washington en la materia y sin tener la posibilidad de considerar opciones propias para resolver los retos particulares que las drogas plantean en estas sociedades.

Así, la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia dio origen a la Comisión Global sobre Políticas de Drogas, ente que lidera el movimiento global que aboga por la revisión de la política prohibicionista. En ella participan líderes políticos mundiales, así como destacadas personalidades del mundo de la ciencia y la cultura. La Comisión Global, al igual que su antecesora, consideran que la estrategia represiva contra las drogas no ha dado resultado y que ha llegado la hora de explorar nuevas opciones de control y regulación para ellas.

 

Dicha consideración toma mucha más relevancia frente a la realidad mexicana, en la cual, las “consecuencias no intencionales” del sistema de control internacional han sido particularmente duras en la región Como hemos dicho, México no sólo vive una ola de violencia y corrupción sin precedentes, sino que también el consumo de sustancias entre la población ha aumentado, cualitativa y cuantitativamente, de manera dramática en los últimos años.

Dado que las circunstancias nacionales e internacionales de México han cambiado en los últimos tiempos, el país se encuentra frente a la oportunidad de replantear las estrategias que ha utilizado para enfrentar los desafíos que las drogas le representan.

La pregunta estriba, más bien, en cuánto tiempo tardará la clase política en México en asumir, responsablemente, su papel en este debate. Por lo pronto, su sociedad parece entender, ya, que el status quo no es el camino para nadie.

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