En un nuevo y ambicioso informe, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos pide un cambio transformador de las políticas referidas a drogas

"Debemos... poner fin a la guerra contra las drogas. En su lugar, centrémonos en un cambio transformador, elaborando políticas de drogas basadas en evidencias y enfocadas en torno a los derechos humanos..."

- Volker Turk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 66to período de sesiones de la Comisión de Estupefacientes

Volker Turk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, no anduvo con rodeos al momento de denunciar el fracaso y los daños causados por la "guerra contra las drogas", en una contundente declaración ofrecida con ocasión del 66to período de sesiones de la Comisión de Estupefacientes de la ONU. De este modo, Turk marcó la pauta para una resolución progresista del Consejo de Derechos Humanos sobre políticas referidas a drogas, adoptada por consenso unas semanas más tarde. Tal resolución (52/24) encarga a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACDH) la elaboración de un aporte para la próxima reunión de alto nivel sobre políticas mundiales sobre drogas, a celebrarse en Viena el mes de marzo próximo.

Hoy se presenta oficialmente en Ginebra el informe resultante (A/HRC/54/53). Bajo el título "Retos planteados por los derechos humanos al abordar y contrarrestar todos los aspectos del problema mundial de las drogas", este ambicioso informe reafirma de manera contundente la convicción del Sr. Turk respecto a la urgente necesidad de un cambio transformador. En el documento se exponen claramente las vastas y graves consecuencias que las políticas punitivas en materia de drogas acarrean para los derechos humanos, y se señala que el régimen mundial para el control de las drogas ha contribuido a esta tendencia.

Como se explica en el análisis realizado por el IDPC del informe, la OACDH afirma que la reducción de daños es un elemento central del derecho a la salud, y recomienda encarecidamente la descriminalización del consumo y de la posesión de drogas para uso personal, haciéndose eco de una recomendación formulada desde hace mucho por el sistema de la ONU en su conjunto, así como de los compromisos políticos adquiridos para eliminar leyes y políticas restrictivas contenidas en la Declaración Política de 2021 sobre el VIH/SIDA. El informe también hace hincapié en la protección de los derechos de pueblos indígenas – postergada durante mucho tiempo por el sistema para el control de drogas de la ONU. La creciente consideración mundial sobre temas de descolonización, sin embargo, ha llevado a resaltar el impacto del control de drogas sobre los pueblos indígenas. Hace tan sólo unas semanas, Bolivia inició oficialmente el proceso para que la Organización Mundial de la Salud revise las restricciones internacionales sobre la hoja de coca, cuya prohibición fue impulsada en 1961 por prejuicios racistas.

La medida más audaz contenida en el informe es la invocación a los gobiernos a considerar la regulación responsable de las drogas como una manera de asumir el control de los mercados de drogas ilegales. Los organismos de la ONU han evitado hasta ahora recomendar esta opción de políticas, en tanto la regulación legal entra en conflicto con el actual sistema de tratados internacionales para el control de drogas. Hoy, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha roto ese tabú, convirtiendo a la OACDH en el primer organismo de la ONU que lo hace, lo cual sin duda desencadenará en la ONU un debate que se debe realizar con urgencia, mientras el costo humano de la guerra contra las drogas sigue creciendo.

El día de hoy, 133 organizaciones comunitarias y de la sociedad civil emitieron una declaración conjunta que acoge con satisfacción este informe histórico y la ambiciosa agenda transformadora esbozada por el Alto Comisionado. La declaración invoca a los gobiernos, a la ONU y a otros actores a seguir las recomendaciones del informe y a utilizarlo como catalizador para "reformar y volver a equilibrar el régimen mundial para el control de drogas, así como las leyes y políticas nacionales en materia de estas sustancias".

Aunque evitan mencionar la cuestión de la regulación legal, un grupo de 10 países incluyendo a Suiza, México, Albania, Brasil, Colombia, Grecia, Guatemala, Paraguay, Portugal y Uruguay, acogieron favorablemente el informe en una declaración conjunta ante el Consejo de Derechos Humanos, en la cual se hacía hincapié tanto en la descriminalización como en la reducción de daños, lo que supone un importante paso adelante en el reconocimiento del papel crucial que ambas políticas cumplen para un enfoque sobre drogas basado en los derechos humanos.

Resulta en extremo insostenible la histórica insistencia en el castigo, la criminalización, los prejuicios racistas y coloniales, y la "tolerancia cero". El Alto Comisionado ha quebrado un estancamiento fosilizado dentro del sistema de control de drogas de la ONU, lo cual generará presión para cambiar irrevocablemente los términos del debate sobre las políticas referidas a drogas.