Jamie Bridge explora la Resolución 60/12, la cual, por primera vez, hace un llamado a dedicar esfuerzos hacia cuestiones de reducción de daños y a solventar la precariedad en materia de fondos para atender los desafíos relacionados al VIH.
Mientras las pastillas de pureza alta/dosis alta vuelven a estar en el mercado y aumentan las muertes, Oli Stevens analiza el rol que puede jugar el testado de drogas. Actuando como una iniciativa de reducción de daños, ¿puede afectar la composición de los mercados de drogas?
La CIDAD tiene una oportunidad clave para construir una política regional de drogas que deje atrás de una vez por todas las posturas de tolerancia cero, enmarcándose en el derecho internacional de derechos humanos, y en especial con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y otras comisiones vinculadas a la OEA.
La Guía para gestoras y gestores de políticas ofrece una hoja de ruta para realizar reformas en materia de políticas públicas basadas en la salud pública, respetuosas de los derechos humanos y con perspectiva de género.
Es hora de que el gobierno de Costa Rica inicie un debate abierto para buscar regular el cultivo de cannabis para consumo personal, sino desea seguir enviando a las personas usuarias al mercado ilícito y exponiéndolas a la represión estatal.
La crisis penitenciaria y las condiciones carcelarias inhumanas que estas tasas de encarcelamiento han generado están en el centro del debate sobre la necesidad de reformar las políticas de drogas en América Latina.
A pesar de la imagen de inmovilidad en materia de drogas que refleja Chile en la arena política internacional, el agua se está moviendo bajo la superficie y lo hace de la mano de colectivos científicos y sociales trabajando en políticas públicas para el cannabis al servicio de la comunidad.
En una amplia discusión, Dr Naidoo, Presidente de la JIFE, reiteró algunas de las principales posiciones que la Junta ha asumido recientemente, enfatizando en el acceso a medicamentos esenciales.
Rudolph Giuliani y la política del más fuerte en nuestro país, garantiza la agudización de la exacerbación de la violencia, producto de la profunda guerra social en que vive El Salvador.
