Por Juan Oliverio Piterman / Revista Mate

Jugando con el lema de RESET, ¿estamos muy lejos de que nuestra ley de drogas sea respetuosa de los derechos humanos?

Tenemos una de las legislaciones más anacrónicas y vetustas del mundo. Una que en lo sustancial no sufre modificaciones hace 30 años. Todo el sistema criminal está vinculado en su mayor parte a la represión selectiva de las personas que consumen mediante la criminalización de determinadas figuras relacionadas al consumo, como pueden ser la tenencia para consumo, el autocultivo, el consumo ostentoso. Conllevan grandes índices de criminalización, con penas que pueden ir hasta dos años de prisión para una tenencia por consumo personal. También hay un híbrido en la ley que es la tenencia simple, con una pena de 6 años de prisión. La imputación de una persona es algo totalmente discrecional y arbitrario del poder punitivo. Las fuerzas policiales buscan su clientela por motivos xenófobos, clasistas, racistas, y generalmente en jóvenes de entre 16 y 30 años, que consumen en mayor parte cannabis, que tienen pocos gramos en su poder para su propio consumo, que no tienen antecedentes penales, que no estaban cometiendo ningún delito en el momento de la aprehensión, y generalmente relacionados a los barrios más vulnerados de nuestras ciudades.

Después, esa selección penal que establecen las fuerzas policiales conlleva una discrecionalidad y arbitrariedad de las fuerzas punitivas del Poder Judicial, en los juzgados y el Ministerio Público Fiscal. También tenés una imputación que pueden seleccionar estas fuerzas punitivas, que van desde 4 hasta 15 años de prisión y es la tenencia para comercio. Además tenemos el tema de autocultivo, relacionado con las personas que eligen el cannabis de propia mano, autocultivado para uso terapéutico- medicinal y aquellos que cultivan para no incurrir en la compra del mercado ilegal. Esa conducta tiene una amenaza de sanción penal de 4 a 15 años de prisión y si se comprueba que es para propio consumo puede ser de un mes a dos años.

Tenemos un país con una desproporción presupuestaria en lo que se implementa de recursos para la criminalización y el supuesto combate al narcotráfico, lo que llamamos “reducción de la oferta”, en desmedro de los presupuestos para tratamientos y prevención de las adicciones, lo que se llama “reducción de la demanda”. Se trata aproximadamente de un 95% de presupuesto para reducir la oferta y solo un 5% para reducir la demanda. Alrededor del 11% de las personas que consumen sustancias, son las que tienen un consumo problemático de las mismas. En ese sentido, si las personas requieren ayuda generalmente se encuentran con la imposibilidad o la tercerización por parte del Estado a determinados sujetos activos en estas políticas, como pueden ser comunidades terapéuticas, eclesiásticas, narcóticos anónimos, entre otros. Después podemos sumar la criminalización selectiva y desproporcionada que están teniendo las mujeres, que sufren una doble victimización.