RESET - Drug Policy and Human Rights

El lanzamiento de nuestra nueva "La descriminalización de las personas que usan drogas: Una guía para la incidencia" (bit.ly/3oFw1je) viene de la mano de una serie de charlas con expertes de la sociedad civil de todo el mundo sobre cómo utilizan el conocimiento y activismo para hacer avanzar la descriminalización en sus contextos.

Nuestra segunda invitada en esta serie es Antonella Tiravassi, de RESET - Política de Drogas y Derechos Humanos. Desde su experiencia en tanto que socióloga e investigadora de temas sobre justicia y género, Antonella nos hablará del impacto diferencial de la criminalización por delitos de drogas en las mujeres, y cómo la sociedad civil argentina se moviliza para hacer florecer alternativas justas y durables.

La primera charla en la serie, enfocada sobre India, está disponible, en inglés, aquí: https://fb.watch/bsRVUtph1W/

¡No olvides de marcarlo en tu calendario!

La cita es el martes, 8 de marzo, en conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

Facebook Live: Mujeres, drogas y (des)criminalización en Argentina

Revista del Ministerio Público de la Defensa de la Nación - Argentina

Con gran satisfacción, tengo el agrado de presentar la edición número 16 de la Revista del Ministerio Público de la Defensa que aborda Discusiones actuales en torno a la prohibición y regulación de los estupefacientes. En esta oportunidad, distinguidas y distinguidos colegas de nuestra institución y de otros organismos nacionales e internacionales comparten sus reflexiones a propósito de la gestión penal y no penal de casos vinculados a diversos tipos de estupefacientes.

La presente edición, dedicada al análisis de diferentes aspectos de la regulación y prohibición de las drogas ilegalizadas, cuenta con la participación de operadoras/es jurídicos, académica/os, investigadora/es y personalidades destacadas de la sociedad civil involucradas en las múltiples aristas de esta problemática. A lo largo de la revista, se recorren los desafíos de la defensa pública en su intervención cotidiana en todo el territorio nacional. Asimismo, gracias a la palabra experta de profesionales de la región, España y Estados Unidos, la presente edición posibilita una mirada integral y comparada sobre la cuestión.

A los efectos de abordar tan diversos aspectos, la revista se divide en cuatro secciones. En la primera, una integrante de la institución explora los desafíos del ejercicio de la defensa pública con perspectiva de género en casos de mujeres criminalizadas por la ley de estupefacientes. En este primer trabajo, la autora traza puentes para comprender los efectos de las políticas prohibicionistas desde la perspectiva de derechos, en particular, del derecho a la salud. A partir de esta experiencia, se esbozan las líneas de trabajo de la institución desde una mirada situada, que conecta los distintos ámbitos de intervención de la defensa pública.

En la segunda sección, con la colaboración de expertas/os nacionales, se abordan posibles estrategias de defensa para personas imputadas por la ley n° 23.737y los retos que se atraviesan en el litigio por el acceso al cannabis para su usomedicinal. En relación con el trabajo ante los tribunales penales, los artículos reflexionan sobre el impacto diferencial de las políticas prohibicionistas respecto demujeres, travestis y trans y las herramientas legales disponibles para su defensa.Asimismo, analizan los avances y retrocesos en torno a la discusión sobre la tenencia de estupefacientes para consumo personal y, desde el mirador de las ciencias sociales, indagan sobre la participación de los jóvenes de sectores popularesen el mercado de drogas ilegalizadas. En relación con el trabajo que se realiza antelos tribunales no penales, los trabajos aquí reunidos relevan el camino transitadopara la regulación del uso del cannabis medicinal, pero también explican cómo seha obstaculizado el acceso a la salud a través de instancias de judicialización. Enlínea con esta última cuestión, los textos también se detienen a analizar experiencias concretas del litigio.

En un contexto global que presenta algunas transformaciones en materia depolíticas de drogas, el debate público da cuenta de las resistencias propias del paradigma prohibicionista como también de los nuevos problemas que se configuran ante diferentes formatos de regulación. Es por eso que, en la tercera secciónde la revista, con las contribuciones de referentes internacionales, se pone el focoen las distintas realidades que atraviesan la región. En este acápite se indaga, desde la mirada de expertas/os de Uruguay, México, Bolivia, Ecuador y España, en los debates vigentes sobre las políticas públicas en drogas, su gestión judicial, lacriminalización y el encarcelamiento como respuesta.

Finalmente, en esta edición de la revista contamos con el invaluable aportede Coletta Youngers, experta en políticas de drogas en América Latina y colaboradora en múltiples organismos de derechos humanos especializados en estasproblemáticas. La agudeza de sus observaciones nos invita a profundizar nuestrosanálisis y nos marca el rumbo de nuevas indagaciones para evitar caer en un reduccionismo que abogue simplificadamente por la legalización, sin regulación.

En síntesis, los artículos que componen esta edición de la Revista Anual del Ministerio Público de la Defensa abordan las complejidades, tensiones y desafíos que tiene la defensa pública en sus múltiples tareas vinculadas a las normativas sobre estupefacientes. Ante una temática que atraviesa a la sociedad desde distintos ángulos, espero que, una vez más, esta publicación genere nuevos espacios de encuentro y reflexión colectiva.

Discusiones actuales en torno a la prohibición y regulación de los estupefacientes

89 ONG subrayan la necesidad de abordar los daños de las políticas de drogas represivas que socavan los derechos humanos. Más información, en inglés, está disponible abajo.

To: Ms Ghada Waly, Executive Director, United Nations Office on Drugs and Crime

Subject: Open letter on UNODC statement on International Human Rights Day 2021

We urge you to mark International Human Rights Day 2021 by calling on Member States to change drug policies and practices that violate human rights and perpetuate inequality and discrimination.

We are writing to you ahead of International Human Rights Day 2021, which will take place on the 10th December amidst escalating global demands for the reform of laws and practices that entrench racial discrimination and social inequality, including drug policies. Last year, IDPC – together with dozens of other civil society and community organisations – called on you to issue a statement on International Human Rights Day urging Member States to change drug laws and practices that undermine health and human rights. A year later, we ask you to seize this day as an opportunity to show UNODC´s alignment with other UN entities in calling for an end to drug policies and practices that perpetuate inequality and discrimination, and violate human rights.

For decades, punitive drug policies have driven widespread human rights abuses, as has been amply documented by the UN. These include the death penalty for drug offences; extrajudicial killings; arbitrary detention, often masquerading as ‘rehabilitation’; the denial of access to life-saving harm reduction services; widespread barriers to accessing controlled medicines for pain relief; the criminalisation of people who use drugs, subsistence farmers and others groups in situations of vulnerability; corporal punishment; and mass incarceration. In all of these cases, draconian drug policies have disproportionately affected people marginalised on the basis of their gender, race, ethnicity, and economic status, thus entrenching inequality and discrimination.

Along 2021, a broad range of UN entities called on Member States to reform drug policies with discriminatory outcomes. In June 2021, the UN Working Group on Arbitrary Detention released a landmark study on arbitrary detention and drug polices, which found that ´

the war on drugs may be understood to a significant extent as a war on people. Its impact is often greatest on those who are poor, but also frequently overlaps with discrimination in law enforcement directed at vulnerable groups

´. At the same time, the UN High Commissioner for Human Rights published a new ‘Agenda towards transformative change for racial justice and equality´, highlighting that ´

The discriminatory application of criminal law must be tackled at every stage, including by reforming drug-related policies

´. The High Commissioner´s proposal led to Human Rights Council Resolution 47/21, which contains key commitments to uproot systemic racism in the law enforcement and criminal justice systems. The Political Declaration on HIV and AIDS, adopted in June 2021, also showcased the international community´s commitment to ending inequalities as a step towards ending AIDS. Lastly, the new UN system Common Position on Incarceration, led by UNODC in partnership with other UN entities, notes ‘

the overrepresentation of minority and marginalized groups among prisoners, many of whom are charged with petty and nonviolent offences

support reform efforts aimed at ensuring proportionate and individualized sentencing and alternatives to conviction or punishment in appropriate cases, including for minor drug-related offences

These various commitments emerging across the United Nations are aligned with the 2018 Chief Executives Board’s UN System Common Position on drug-related matters, which makes clear that ‘

should be designed and implemented by States in accordance with their human rights obligations

’, and commits all UN agencies, including UNODC, to support drug policies ‘

that put people, health, and human rights at the centre

Similar human rights concerns have been highlighted in the just-released Global Drug Policy Index, which measures and ranks the national drug policies of 30 countries according to how well they align with the UN system Common Position on Drugs and its Task Team report of March 2019.

The theme of the 2021 International Human Rights Day is ‘Equality: Reducing inequalities, advancing human rights’, and is aimed at ´

addressing and finding solutions for deep-rooted forms of discrimination that have affected the most vulnerable people in societies

´. As such, it presents a crucial opportunity for UNODC to align itself with other UN entities in calling for the end of policies that perpetuate inequality and discrimination, while highlighting its commitment to the promotion of human rights, in line with the UN system Common Positions.

It is in this context that we urge you to issue a strong statement on International Human Rights Day, calling on states to change the drug laws, policies and practices that violate health and human rights, and entrench inequality. To be credible, such a statement should explicitly acknowledge the disproportionate impact of drug laws and drug control on people marginalised on the basis of their gender, race, ethnicity, and economic status, and urge Member States to:

Abolish the death penalty in all circumstances. Imposing capital punishment for drug offences has been found to be contrary to international human rights law by the Human Rights Committee, and the Human Rights Council.

Put an immediate end to extrajudicial killings committed in the name of drug control, as has been repeatedly called for by the Human Rights Council and UN human rights experts.

Permanently close compulsory drug detention centres, including those that masquerade as ‘rehabilitation’, and implement voluntary, evidence-informed, and rights-based health and social services, as recently called for by sixteen UN agencies, including UNODC.

Stress the urgent need to provide accessible, affordable, and adequately funded harm reduction services in community and closed settings, to fulfil the right to health and the right to life of people who use drugs, as demanded by several UN human rights bodies and experts. This is also central to UNODC’s core role as lead UNAIDS co-sponsor regarding prisons and HIV amongst people who use drugs.

Take immediate measures to address prison overcrowding, as already recommended by UNODC and the UN High Commissioner for Human Rights in the wake of the COVID-19 pandemic, by promoting alternatives to incarceration, and ensuring proportionate sentencing for all drug offences, including by taking into account mitigating factors – in line with the basic principle that prisons should only be used as a last resort in all circumstances.

Ensure that people who use drugs are not subject to arbitrary detention, torture, or ill-treatment – whether in state custody or public or private drug services. While under detention, people with a drug dependence or health problems associated with their drug use must be offered evidence-based treatment, harm reduction and other drug services on a strictly voluntary basis.

Promote the end of all punishment for drug use, and drug possession and cultivation for personal use, as permitted within the three drug control conventions. Such policy shifts will help to end the stigma, criminalisation, and exclusion faced by people who use drugs, and to facilitate access to health and social services, as called for by the UN system Common Position, UNAIDS, and UN human rights bodies.

Make sure that drug policies incorporate a gender-sensitive perspective. This should be done by tailoring drug services to the specific needs of women, and by ensuring that criminal laws take into account the circumstances of women involved in drug offences, as most of them come from backgrounds of poverty, marginalisation, and oppression.

Clearly outline the ways in which UNODC will work to achieve these changes, and the measures being taken to ensure that human rights are effectively embedded as a core strand for all of the Office’s work.

As the lead UN agency in drug-related matters, UNODC has the responsibility to promote drug policies that respect, protect, and fulfil human rights, in a way that is consistent with the standards developed by the UN system, and in line with the commitments set in the UN system Common Positions on drugs and on incarceration. A strong statement in the forthcoming International Human Rights Day would be an important and welcome step to signal UNODC’s unequivocal commitment.

We look forward to discussing these concerns and recommendations with you.

Las ONG instan a la Directora Ejecutiva de la ONUDD a celebrar el Día de los Derechos Humanos con un llamamiento a la reforma de las políticas de drogas que perpetúan las desigualdades

RESET presenta el trabajo “Organismos internacionales y la criminalización del uso de drogas” en el cual 

 de RESET – Política de Drogas y Derechos Humanos y 

, de la misma organización y del Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED), analizan las posturas actuales de distintos organismos internacionales respecto al régimen internacional de control de drogas y particularmente en el abordaje de las cuestiones vinculadas al uso de estupefacientes y sustancias psicotrópicas.

“De acuerdo al informe anual sobre drogas de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), publicado en 2020, se estima que, en el año 2018, 269 millones de personas habrían usado estupefacientes al menos una vez en el último año. Esta cifra representa un 5,4% de la población global de entre 15 y 64 años, es decir, 1 cada 19 personas. El mismo informe indica que, entre los años 2009 y 2018, se ha verificado un incremento del consumo teniendo en cuenta los 210 millones registrados en 2009, frente a los 269 millones informados en 2018.

Se pasa así de un 4,8% de personas usuarias a un 5,4% mundialmente.

 La sustancia que registra una mayor cantidad de usuarios/as a nivel global es el cannabis, que da cuenta, hacia el año de 2018, de 192 millones de personas. Ahora bien, de las 269 millones que consumen estupefacientes, se estima que tan sólo un 0,7% (35,6 millones de personas) presentan desórdenes derivados del uso de esas sustancias.

Frente a este diagnóstico, las debilidades de la estrategia que subyace al régimen internacional de control de drogas , particularmente en el abordaje de las cuestiones vinculadas al uso de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, han sido señaladas de forma reiterada no sólo desde la academia y desde las organizaciones de la sociedad civil sino, además, en los últimos años, desde los propios organismos internacionales especializados en materia de drogas.”

Organismos internacionales y la criminalización del uso de drogas

Con el propósito de contribuir al esfuerzo por encontrar soluciones con enfoque de derechos humanos para la crisis generada por la pandemia de la COVID-19, un grupo de organizaciones de la región solicitamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una audiencia pública para expresar nuestra preocupación por la situación de las mujeres privadas de la libertad durante la emergencia sanitaria.

La pandemia agudizó la crisis y agravó la emergencia sanitaria y de derechos humanos que ya se vivía al interior de las cárceles. Ante estas condiciones de vulnerabilidad, la CIDH recomendó en abril de 2020 a los Gobiernos reducir la población carcelaria para garantizar en el distanciamiento social en las prisiones, así como proveer productos de higiene y protección necesarios para evitar la propagación del virus, garantizar la atención médica adecuada y facilitar la toma de muestras para la detección efectiva tanto para las personas encarceladas como para el personal penitenciario. Lamentablemente, los gobiernos de la región han fracasado en implementar estas recomendaciones.

Además, las limitadas acciones emprendidas por los Estados frente a la emergencia fueron diseñadas e implementadas sin una consideración del enfoque de género ni interseccional, lo que ha tenido efectos negativos desproporcionados en mujeres en general y en mujeres LBTIQ+, indígenas y con discapacidad. También las decisiones de los gobiernos sobre la prohibición de visitas provocaron impactos desproporcionados en las mujeres y sus familias y las dejó sin su red de apoyo. El vaivén de las demoras de los penales dificultó el acceso a materiales de aseo e higiene. La suspensión de los juzgados perjudicó el avance en los procesos e impidió que los abogados a los establecimientos ingresaran a los establecimientos.

Durante la pandemia, aquellas mujeres que estaban en detención domiciliaria o que habían salido de la cárcel enfrentaron la ausencia de recursos para llevar a cabo los cambios de la vida propia, familiar y social. Esto implicó que, aunque en libertad, no tuvieran condiciones para vivir dignamente y que algunas de ellas estuvieran (y aún lo están) expuestas a violencia de género.

Las mujeres encarceladas en su domicilio también enfrentan retos cotidianos que los Estados no han atendido. Denunciamos que las mujeres que vivieron la pandemia en el arresto domiciliario enfrentaron serias dificultades para poder trabajar y sobrevivir y que los castigos que se imponen sobre las madres terminan afectado a sus hijes.

Varios gobiernos de la región hicieron promesas para excarcelar a las mujeres con enfermedades crónicas, mujeres embarazadas, con discapacidad, adultas mayores, pero en casi todos los países esto no se cumplió y se ve reflejado en el bajo porcentaje de mujeres que han salido.

Debido a toda la situación expuesta, solicitamos a la CIDH:

Recordar a los Estados que la prisión debe ser una medida excepcional y que la excarcelación de un número significativo de mujeres podría contribuir a solucionar el problema de hacinamiento, de vital importancia para dar respuesta a la pandemia de la COVID-19. Es decir, debería reducirse el hacinamiento a partir de la liberación de las mujeres que presenten riesgos de salud, embarazadas, con niñes a su cargo, mujeres de edad avanzada y mujeres trans a través de medidas alternativas a la prisión, amnistías e indultos.

Con respecto al impacto de la pandemia en las cárceles de mujeres, la CIDH debe utilizar todas sus herramientas para recordar a los Estados la necesidad y urgencia de implementar las recomendaciones relacionadas con personas privadas de la libertad de la Resolución 1/2020, ya que en gran medida no se han cumplido.

Para aquellas mujeres que continúan privadas de la libertad, los gobiernos tienen la obligación de garantizar el acceso a la salud: deben proveer tests y tratamientos para el Covid-19 y mantener el acceso regular a servicios de salud mental y física, incluyendo atención ginecológica, tratamientos hormonales, productos sanitarios, artículos de higiene personal básicos.

Debe garantizarse por todos los medios la continuidad del contacto con familiares y personas cercanas, lo que no está ocurriendo en la actualidad.

La falta de información sobre la situación de las mujeres recluidas sigue siendo dramática. Urgimos a la CIDH a que recomiende la recolección y diseminación de datos veraces y actualizados, así como estadísticas referidas al impacto de la COVID-19 en mujeres privadas de la libertad, teniendo en cuenta una perspectiva de género e interseccional.

Debido a la alta incidencia y mortalidad de la COVID-19 en prisiones, es urgente que la CIDH recomiende la inclusión de las personas privadas de libertad y personal penitenciario como población prioritaria en los planes nacionales de vacunación, sin discriminación por identidad ni expresión de género.

Asociación Costarricense para el Estudio e Intervención en Drogas (ACEID) de Costa Rica,

Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) de Argentina,

Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas (IDPC)

Equis: Justicia para las Mujeres de México,

Red Latinoamericana de Mujeres Libres (Colombia, Chile, El Salvador y México)

Oficina en Washington sobre Asuntos Latinoamericanos (WOLA),

La respuesta de los sistemas penitenciarios de América Latina frente a la crisis por COVID-19 no ha tenido en cuenta a las mujeres privadas de la libertad

América Latina enfrenta una crisis profunda en los sistemas penitenciarios, exacerbada por la pandemia de COVID-19. Este contexto

 ha impactado de forma desproporcionada el ejercicio de los derechos de las mujeres trans —comparado con otros grupos en situación de vulnerabilidad—, debido a las distintas experiencias que atraviesan sus vidas. 

Por ello, las organizaciones firmantes exigimos a los Estados 

descriminalizar y promover alternativas al encarcelamiento, en particular, para las mujeres trans, así como incorporar

perspectivas interseccionales y un enfoque diferenciado que proteja los derechos de las personas LGBTI+

Las condiciones de vulnerabilidad y abusos que viven las mujeres trans privadas de la libertad, previo a la crisis por COVID-19, fueron reportadas en el informe colectivo “

Mujeres trans privadas de la libertad: La invisibilidad tras los muros

”. Por su parte, el informe de la Red Regional Corpora en Libertad muestra parte de los efectos nocivos que enfrentan, en la actual crisis, las personas LGBTI+ privadas de su libertad en la región y propone recomendaciones para proteger los derechos de este colectivo.

A pesar de estas recomendaciones, así como de las demandas de diversos organismos internacionales, los Estados en la región siguen sin incorporar una perspectiva interseccional y de género para aquellos grupos de personas privadas de la libertad en situación de vulnerabilidad, como las personas LGBTI+. Por ejemplo, las medidas anunciadas por varios países para mitigar, prevenir y atender el contagio por COVID-19 en centros de reclusión no tienen en cuenta los antecedentes ni necesidades específicas de las personas trans.

Por lo anterior, varias de nuestras organizaciones participaron, en conjunto con otras organizaciones de América Latina, en una respuesta a la solicitud de Opinión Consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para expresar comentarios sobre la aplicación de los enfoques diferenciados sobre poblaciones en situación de vulnerabilidad en contexto de reclusión. La respuesta abogó por la aplicación de los estándares interamericanos sobre privación de la libertad con enfoque de género y diferencial para las mujeres trans. De igual manera, 

se recomendó a la Corte IDH a exhortar a los Estados a proteger y defender los derechos de estas personas, mediante el respeto a su identidad y el uso de medidas de protección que no sean restrictivas de derechos. 

Los Estados también deben prevenir, atender y sancionar abusos físicos y psicológicos, así como tratos discriminatorios tales como restringir las visitas, obligar el uso de ciertas prendas o negar el acceso a los tratamientos médicos adecuados a su condición y a sus necesidades diferenciadas.

Como organizaciones de la sociedad civil lideradas y/o que trabajan con personas trans privadas de la libertad, observamos con mucha preocupación que 

los Estados siguen incumpliendo con sus obligaciones internacionales y nacionales de proteger a grupos en situación especial de riesgo,

 como son las mujeres trans privadas de la libertad.

Por tal motivo, reiteramos a los Estados sus obligaciones de:

Promover la aplicación de medidas alternativas al encarcelamiento y/o acciones de liberación a mujeres trans, que sean acorde a los máximos estándares de derechos humanos y se otorguen a través de un análisis de las particularidades de cada caso.

En el marco de la crisis por COVID-19, priorizar la liberación de mujeres trans privadas de la libertad, especialmente de quienes tienen mayores riesgos asociados con la salud, como personas mayores de edad, con padecimientos crónicos, que viven con VIH u otra condición inmunodeficiencia.

Promover la participación de mujeres trans que han estado privadas de la libertad en las instancias de planificación e implementación de políticas públicas destinadas específicamente a la promoción de derechos humanos de la población trans, así como en las políticas penitenciarias y del sistema de justicia, entre otras.

Establecer un sistema de información y recolección de datos con perspectiva de género y diversidad sexual con la finalidad de conocer cuántas personas LGBTI+ están privadas de la libertad e identificar los impactos diferenciados en grupos en situación de vulnerabilidad.

Establecer un sistema de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar casos de violencia en contra de mujeres trans, en sus distintas modalidades, por parte de funcionarios/as y otras personas internas, el cual asegure el acceso a medidas de protección y brinde acompañamiento a las víctimas.

Garantizar que las mujeres trans tengan acceso adecuado a la salud integral, suministros de higiene y alimentación, y consejería apropiada a sus necesidades y particularidades, en particular ante un posible contagio de COVID-19.

Habilitar espacios y acciones en los centros penitenciarios que garanticen el derecho de las personas privadas de la libertad a mantener una comunicación con familiares, amistades y organizaciones que brindan acompañamiento o asesorías.

Promover la sensibilización y capacitación permanente de los y las operadores del sistema de justicia y penitenciario, así como al resto de población reclusa, en orientación sexual, identidad y expresión de género.

Apoyar la reinserción social de las mujeres trans que salen de prisión garantizando, al menos, servicios de atención médica apropiados; acceso a una casa intermedia y una forma segura para transportarse a ella; apoyo financiero y de acompañamiento para comida y empleo, y suministro inmediato de documentos de identificación oficiales.

Asociación de Derechos Humanos Cozumel Trans (Honduras)

Casa de las Muñecas Tiresias A.C (México)

Consorcio Internacional de Políticas de Drogas (IDPC)

Equis Justicia para las Mujeres (México)

Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)

Reset – Políticas de Drogas y Derechos Humanos (Argentina)

Promoviendo los derechos de las mujeres trans privadas de la libertad en América Latina

Por Juan Oliverio Piterman / Revista Mate

Jugando con el lema de RESET, ¿estamos muy lejos de que nuestra ley de drogas sea respetuosa de los derechos humanos?

Tenemos una de las legislaciones más anacrónicas y vetustas del mundo. Una que en lo sustancial no sufre modificaciones hace 30 años. Todo el sistema criminal está vinculado en su mayor parte a la represión selectiva de las personas que consumen mediante la criminalización de determinadas figuras relacionadas al consumo, como pueden ser la tenencia para consumo, el autocultivo, el consumo ostentoso. Conllevan grandes índices de criminalización, con penas que pueden ir hasta dos años de prisión para una tenencia por consumo personal. También hay un híbrido en la ley que es la tenencia simple, con una pena de 6 años de prisión. La imputación de una persona es algo totalmente discrecional y arbitrario del poder punitivo. Las fuerzas policiales buscan su clientela por motivos xenófobos, clasistas, racistas, y generalmente en jóvenes de entre 16 y 30 años, que consumen en mayor parte cannabis, que tienen pocos gramos en su poder para su propio consumo, que no tienen antecedentes penales, que no estaban cometiendo ningún delito en el momento de la aprehensión, y generalmente relacionados a los barrios más vulnerados de nuestras ciudades.

Después, esa selección penal que establecen las fuerzas policiales conlleva una discrecionalidad y arbitrariedad de las fuerzas punitivas del Poder Judicial, en los juzgados y el Ministerio Público Fiscal. También tenés una imputación que pueden seleccionar estas fuerzas punitivas, que van desde 4 hasta 15 años de prisión y es la tenencia para comercio. Además tenemos el tema de autocultivo, relacionado con las personas que eligen el cannabis de propia mano, autocultivado para uso terapéutico- medicinal y aquellos que cultivan para no incurrir en la compra del mercado ilegal. Esa conducta tiene una amenaza de sanción penal de 4 a 15 años de prisión y si se comprueba que es para propio consumo puede ser de un mes a dos años.

Tenemos un país con una desproporción presupuestaria en lo que se implementa de recursos para la criminalización y el supuesto combate al narcotráfico, lo que llamamos “reducción de la oferta”, en desmedro de los presupuestos para tratamientos y prevención de las adicciones, lo que se llama “reducción de la demanda”. Se trata aproximadamente de un 95% de presupuesto para reducir la oferta y solo un 5% para reducir la demanda. Alrededor del 11% de las personas que consumen sustancias, son las que tienen un consumo problemático de las mismas. En ese sentido, si las personas requieren ayuda generalmente se encuentran con la imposibilidad o la tercerización por parte del Estado a determinados sujetos activos en estas políticas, como pueden ser comunidades terapéuticas, eclesiásticas, narcóticos anónimos, entre otros. Después podemos sumar la criminalización selectiva y desproporcionada que están teniendo las mujeres, que sufren una doble victimización.

La demagogia punitiva es transversal a los partidos políticos en Argentina

¿El 2020 será el año de la regulación del consumo de cannabis y el autocultivo? Argentina estudia este cambio de paradigma para el próximo año. La propuesta es del presidente de la nación, Alberto Fernández, y ya hubo ministros que expresaron públicamente esta idea que se viene gestando puertas adentro de no penalizar el consumo y la tenencia personal de Marihuana.

"Debería despenalizarse el uso del cannabis, tener alguna regulación como en Uruguay", soltó Daniel Gollán, el nuevo ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Atrás, el ministro de seguridad bonaerense, Sergio Berni, consideró que "la marihuana será el reemplazo del tabaco" y que "hay que estudiar la legalización y la comercialización para el uso personal".

Y en las últimas horas, la ministra de seguridad de la nación, Sabina Frederic, contó que "la propuesta del Presidente es hacer un estudio sobre la posibilidad de regular el consumo y el autocultivo de cannabis". Y remarcó: "El costo para el Estado de la persecución por marihuana es altísimo y el daño que causa es menor que el alcohol. Muchos de quienes consumen lo hacen con fines recreativos, además del consumo para fines medicinales. Ese consumo recreativo sabemos que en muchos casos produce menos daño que el consumo de alcohol y no vamos a convertir el alcohol en ilegal".

Argentina estudia la posibilidad de regular el consumo y el autocultivo de cannabis

La persecución y criminalización de las personas que usan drogas han tenido un costo social incalculable en materia de vulneración de derechos humanos, violencia institucional, estigmatización social y recursos económicos direccionados a la criminalización selectiva en desmedro de los destinados a abordajes sensatos, sanitarios y humanitarios. Tales políticas no han evitado el aumento exponencial de los consumos, ni bajado los índices de criminalidad asociados a la disputa por el mercado ilegal de abastecimiento.

Analizar las consecuencias en materia penal, de seguridad, de salud pública, educativas, de vulneración de derechos o sus inmensos daños sociales, es algo que excede el objeto de este trabajo. Como contrapartida, aquí se pretende abordar un aspecto poco explorado de la denominada 

en su versión local: el costo económico para el Estado. A tal fin, intentaremos aproximarnos de la forma más precisa posible, a cuántos recursos gasta el Estado Nacional en perseguir penalmente a personas que consumen drogas.

Cabe aclarar que, para el objeto, propósito y extensión de este trabajo, se analizará y abordará el tema en el marco de la esfera de competencia y acción del Ministerio Público Fiscal de la Nación. A tales conclusiones, habría que sumarle los costos derivados en la persecución en las jurisdicciones que adhirieron a la Ley de Desfederalización (N° 26.052), la cual facultó a las provincias a perseguir, juzgar y reprimir ciertos delitos vinculados al consumo y acciones relacionadas al aprovisionamiento para consumo personal.

Ello resulta de relevancia a los fines del presente informe, ya que alrededor de siete provincias han adherido a la ley, entre las que figuran dos de las mayores jurisdicciones del país -Buenos Aires y Córdoba-, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para dimensionar esto, amerita resaltar que 

“La justicia federal, la provincia de Buenos Aires y Córdoba reúnen el 83% de lxs condenadxs por la ley 23.737”.

Por las limitaciones propias del análisis y la dificultad en el acceso a los datos sistematizados, en este trabajo no se abordarán esas jurisdicciones, sino que se relevará una aproximación a los costos a nivel de alcance nacional, arrojando un resultado conservador y parcial de la magnitud real del costo económico que significa la persecución de las personas que consumen drogas a nivel país.

En el futuro se procurará llevar a cabo una nueva investigación respecto a las provincias adheridas a dicha ley para, de esa manera, cuantificar y dimensionar de manera más precisa los enormes costos económicos que acarrea la persecución en cada jurisdicción y cómo ello se complementa con los datos a nivel federal que aportamos aquí.