La CIDH debe actuar para responder a la emergencia sanitaria en las prisiones y sus impactos específicos y desproporcionados sobre las mujeres privadas de la libertad.
Las organizaciones comunitarias y de la sociedad civil piden a las autoridades latinoamericanas que den prioridad a las alternativas al encarcelamiento y a las respuestas específicas de género para proteger los derechos de las mujeres trans y otras personas LBGTQI.
El nuevo gobierno nacional se posiciona favorablemente a considerar reformas en materia de políticas de drogas, incluyendo en materia de descriminalización.