La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen (Unodc), en asocio con el Gobierno de Colombia, presentan hoy el Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 2017. En Viena, sede de esta agencia de la ONU, ya se ha sostenido que el debate debe situarse en los derechos de las familias cultivadoras y no en la cantidad de “matas sembradas”. Quizás por eso, a propósito de la entrega de dicho reporte, vale la pena compartir la experiencia de Briceño, un pequeño municipio del norte de Antioquia donde el desafío es hacer sostenible en el tiempo los avances logrados en erradicación voluntaria de coca.

Entre mayo y junio de 2017, cientos de familias de once veredas de Briceño que se comprometieron con el programa de sustitución voluntaria arrancaron sus matas de coca. Naciones Unidas hizo visitas a las fincas y comprobó que la comunidad cumplió su palabra. Posteriormente, otras 24 veredas acabaron con toda la coca que había sembrada en la zona rural de este municipio. Al principio nadie creía que esto se lograra, pero un esfuerzo conjunto en el que participaron muchos actores ha venido mostrando que al menos aquí la sustitución voluntaria es más benéfica, incluyente, respetuosa de derechos humanos y más eficaz que la erradicación forzada, aun cuando requiere tiempo.

En los primeros meses de este año, más de 120 asambleas comunitarias y mesas temáticas se efectuaron, al tiempo que se conformó una estructura local de funcionamiento del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS).