Desde hace dos semanas, el sheriff vive en el ojo del huracán. Ha decidido que sus agentes no lleven ni administren Narcan (naloxona), un antagonista de la heroína que revierte de modo fulminante la sobredosis. Este tratamiento, con un coste de unos 40 dólares, representa la salvación diaria de miles de toxicómanos. Y en un país de donde los opiáceos generaron el año pasado 1,3 millones de atenciones hospitalarias, se ha vuelto crucial. Lo llevan los encargados de primeros auxilios, los bomberos y, desde luego, los policías. En 38 estados está regulado su uso. Pero no en el condado de Butler. Justo uno de los sitios donde más adictos mueren en América.

Daniel Picard es republicano, católico y un destacado miembro de la sociedad civil de Middletown (50.000 habitantes), en el condado de Butler. Como concejal ha propuesto una fórmula para resolver el problema. A la tercera urgencia por sobredosis, en caso de que el afectado no haya pagado con dinero o trabajos sociales las anteriores intervenciones, se deja de atender al drogadicto. Simple y claro. Si no tiene dinero, se muere.

La reacción ha llegado tarde y, de momento, no ha logrado nada. El Congreso ha aprobado un plan extraordinario de 1.100 millones de dólares, y los Estados buscan cada uno sus salidas. En Maryland se ha declarado estado de emergencia, y en Ohio el fiscal general ha demandado a los cinco mayores fabricantes por fomentar la adicción. Son parches a una crisis que, como reconocen los expertos, requiere una actuación mucho más poderosa y conjunta. “O estamos todos en ellos, o no hay nadar que hacer”, admite el indómito sheriff Jones.

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Thumbnail: Flickr CC VCU CNS