Acción Andina y el Programa Libertas describen cómo persisten las prácticas punitivas y las lógicas prohibicionistas en Bolivia, destacando las voces de las víctimas sobrevivientes.
HRI documenta un fuerte aumento de las ejecuciones por delitos de drogas en 2025, evidenciando la persistente dependencia de políticas punitivas y sus devastadores impactos en los derechos humanos.
IDPC y organizaciones socias de la sociedad civil destacan las profundas desigualdades raciales en la aplicación de las leyes sobre drogas, instando a reformas para desmantelar el daño y la discriminación sistémicos.
El informe describe las principales barreras a la reducción de daños en África y propone estrategias basadas en derechos y lideradas por la comunidad para ampliar el acceso, fortalecer los sistemas y garantizar respuestas sostenibles y basadas en la evidencia.
La JIFE examina las crecientes presiones sobre el sistema mundial de fiscalización de drogas, desde las drogas sintéticas y el acceso a medicamentos hasta la situación de fragmentación en la CND.
El IDPC, Elementa DDHH y CELS instan a la ONU a cuestionar los discursos de «narcoterrorismo» y a defender los derechos humanos en el control de drogas.
Este informe resume los principales temas abordados en la reunión, como el contexto geopolítico actual y la importancia de las políticas basadas en derechos para las comunidades en situación de vulnerabilidad.
ONUSIDA, el PNUD e INPUD sintetizan modelos para apoyar respuestas al VIH basadas en derechos, y ofrecen principios clave, buenas prácticas y perspectivas de personas que usan drogas y especialistas.
El IDPC saluda la Resolución 60/26 como una afirmación histórica de la autoridad del Consejo para abordar las implicaciones en derechos humanos de la política de drogas, fortaleciendo el sistema de derechos humanos de la ONU y reforzando los llamamientos a favor de políticas de drogas basadas en la salud, los derechos y la evidencia a nivel mundial.
Singh Kelsall et al. concluyen que prácticas policiales perjudiciales persistieron durante el piloto de despenalización en Columbia Británica y la posterior recriminalización, incluyendo confiscaciones, desplazamientos e interferencias en la respuesta a sobredosis.
Harris et al. concluyen que proporcionar equipos de inhalación junto con formación al personal facilita relaciones más sólidas entre proveedores y personas que usan crack.
Michaud et al. concluyen que las personas participantes en el programa reportan mayor autonomía, mejor calidad de vida y relaciones terapéuticas más sólidas en comparación con experiencias previas en tratamiento con agonistas opioides.
