Intersecção analiza cómo la prohibición de las drogas impulsa la deforestación, la violencia y la desigualdad en la región, vinculando la “guerra contra las drogas” con la crisis climática global y llamando a una reducción ecológica de daños y una regulación basada en derechos.
Daniels et al. analizan cómo el financiamiento, la asistencia técnica y los intereses corporativos perpetúan el poder neocolonial a través del control de drogas, e instan a desmantelar estos sistemas en favor de una reforma basada en los derechos humanos.
El PNUD ofrece orientaciones para asegurar que las tecnologías digitales aplicadas al VIH y la salud se utilicen de manera ética, protejan los derechos humanos y promuevan la equidad en la era digital.
IDPC reflexiona sobre un año de resiliencia y cambio, impulsando la descriminalización, la reducción de daños, la regulación responsable y la reforma de las políticas internacionales de drogas, mientras defiende a la sociedad civil y los derechos en medio de recortes de financiamiento y turbulencias políticas.
White et al. sostienen que la evidencia científica, cultural y jurídica distingue claramente la coca de la cocaína, y que la política mundial de drogas debe corregir esta antigua clasificación errónea arraigada en prejuicios coloniales.
TNI sostiene que la revisión de la hoja de coca podría abrir el camino a políticas más justas, sostenibles y culturalmente respetuosas en Centroamérica.
La Fundación insta a una reforma de la legislación sobre drogas, que incluya la descriminalización, enfoques de salud liderados por el pueblo maorí e inversión en reducción de daños.
Productores y consumidores tradicionales de hoja de coca rechazan la postura de su gobierno ante la OMS, instando a la organización a excluir la coca de las listas, reconocer sus usos culturales y medicinales, y respaldar la investigación y las políticas basadas en derechos.
La Red Legal sobre el VIH expone cómo las leyes punitivas refuerzan el racismo y el estigma, profundizan la desigualdad y ponen en riesgo la salud y la seguridad.
La OMS subraya el carácter esencial y vital de este servicio de reducción de daños, y ofrece estrategias prácticas para prevenir y gestionar las interrupciones.
El IDPC insta a la Comisión Europea a garantizar que la próxima Estrategia sea equilibrada, basada en la evidencia y centrada en los derechos, priorizando la reducción de daños, la participación de la sociedad civil y la innovación política por encima de los enfoques punitivos.
La CIDH reafirmó que el encarcelamiento afecta no solo a las personas privadas de libertad, sino también a sus familias y comunidades, y llamó a los estados a adoptar medidas que aseguren sus derechos.
