El informe demuestra que el uso tradicional de la hoja de coca es seguro, culturalmente regulado y respaldado por evidencia científica, cuestionando su actual clasificación internacional y prohibición.
El CESED presenta un análisis comparado que muestra cómo los clubes sociales de cannabis pueden fortalecer la salud pública, reducir daños y orientar una regulación colombiana más justa, coherente y basada en evidencia.
Romero señala que el desmantelamiento de la ayuda global y de las vías de participación cívica supone una amenaza existencial para los objetivos de gobernanza basada en derechos de la ONU.
Intersecção analiza cómo la prohibición de las drogas impulsa la deforestación, la violencia y la desigualdad en la región, vinculando la “guerra contra las drogas” con la crisis climática global y llamando a una reducción ecológica de daños y una regulación basada en derechos.
Daniels et al. analizan cómo el financiamiento, la asistencia técnica y los intereses corporativos perpetúan el poder neocolonial a través del control de drogas, e instan a desmantelar estos sistemas en favor de una reforma basada en los derechos humanos.
El PNUD ofrece orientaciones para asegurar que las tecnologías digitales aplicadas al VIH y la salud se utilicen de manera ética, protejan los derechos humanos y promuevan la equidad en la era digital.
IDPC reflexiona sobre un año de resiliencia y cambio, impulsando la descriminalización, la reducción de daños, la regulación responsable y la reforma de las políticas internacionales de drogas, mientras defiende a la sociedad civil y los derechos en medio de recortes de financiamiento y turbulencias políticas.
White et al. sostienen que la evidencia científica, cultural y jurídica distingue claramente la coca de la cocaína, y que la política mundial de drogas debe corregir esta antigua clasificación errónea arraigada en prejuicios coloniales.
TNI sostiene que la revisión de la hoja de coca podría abrir el camino a políticas más justas, sostenibles y culturalmente respetuosas en Centroamérica.
La Fundación insta a una reforma de la legislación sobre drogas, que incluya la descriminalización, enfoques de salud liderados por el pueblo maorí e inversión en reducción de daños.
Productores y consumidores tradicionales de hoja de coca rechazan la postura de su gobierno ante la OMS, instando a la organización a excluir la coca de las listas, reconocer sus usos culturales y medicinales, y respaldar la investigación y las políticas basadas en derechos.
La Red Legal sobre el VIH expone cómo las leyes punitivas refuerzan el racismo y el estigma, profundizan la desigualdad y ponen en riesgo la salud y la seguridad.
