Metzineres facilita el conocimiento de los derechos que amparan a las personas usuarias de drogas y ofrece herramientas para encarar determinadas actuaciones policiales y judiciales.
La CIDH destaca el papel de las políticas de drogas en el aumento del encarcelamiento de mujeres en la región y pide alternativas al encarcelamiento y políticas de reinserción con perspectiva de género.
ABD y Energy Control ofrecen información al tiempo que contrarrestan mitos y bulos sobre la supuesta llegada del fentanilo a los mercados de droga en España, un fenómeno sin asidero en la evidencia.
La Coalición Nacional de Reducción de Daños y el Colectivo de Aprendizaje Lighthouse cuestionan el estado de los sistemas de atención para las personas queer y trans usuarias de drogas y/o trabajadoras sexuales, reconociendo deficiencias y sugiriendo vías para reforzar el poder de las comunidades y mejorar el apoyo de las organizaciones de reducción de daños.
Hendy et al. examinan el potencial, y las limitaciones, de las disposiciones existentes sobre equidad social en la legislación sobre el cannabis, señalando la importancia de los marcos reparadores que abordan las formas estructurales de exclusión social.
Dennis et al. presentan una serie de artículos que emplean el concepto de "narcofeminismo", un movimiento colectivo de mujeres usuarias drogas para movilizarse, luchar por su derecho a la autodeterminación y hacer oír su voz.
La INPUD presenta un conjunto de herramientas de buenas prácticas, centradas en intervenciones clave de reducción de daños, basadas en entrevistas con veinte activistas consumidores de drogas y especialistas en reducción de daños de diversos países.
IDPC, Amnistía Internacional, CDPE, HRI, DPA, Release y CELS aportan pruebas sobre el papel de las políticas de drogas como motor de la actuación policial y el encarcelamiento discriminatorios.
El IDPC e ICEERS sostienen que el derecho de los pueblos indígenas a cultivar, utilizar, poseer, curar y viajar con sus plantas ancestrales debe consagrarse como parte de un derecho a la salud libre de discriminación racial.
Khair et al. demuestran cómo los lugares de consumo supervisado de drogas no sólo salvan vidas, sino que también ofrecen un notable ahorro de costes en comparación con los costes de gestionar las sobredosis mediante el uso de los servicios de urgencias.
Ali et al. analizan la política de descriminalización de la Columbia Británica e instan a los responsables políticos a consultar a los consumidores de drogas para comprender y minimizar las posibles consecuencias perjudiciales de los umbrales establecidos.
El IDPC celebra que la Junta preste cada vez más atención a las cuestiones de derechos humanos y a la regulación del cannabis, al tiempo que lamenta la tergiversación de la evidencia sobre este último tema, las interpretaciones erróneas de la relación entre los derechos humanos y los tratados de control de drogas, y la falta de una reflexión constructiva sobre cómo abordar la proliferación de infracciones sistémicas en el régimen mundial de fiscalización de drogas.
