COPOLAD publica una guía con información actualizada para que instituciones y organizaciones implementen estrategias que aborden su prevalencia e impacto, respetando los derechos humanos.
COPOLAD muestra cómo estas iniciativas pueden promover la relevancia y la eficacia del desarrollo alternativo en territorios afectados por drogas distintos a los lugares rurales de cultivo ilícito.
Stoicescu et al. concluyen que la intersección de la violencia de pareja y la violencia sexual policial se asoció con un aumento de casi cuatro veces en la sobredosis no mortal.
Amnistía Internacional, UNJUST UK, HRI y el IDPC arrojan luz sobre las disparidades raciales en la acción policial sobre drogas y las violaciones de derechos humanos asociadas, instando a la descriminalización, la reorientación de los recursos hacia los sistemas de atención y una reforma equitativa.
Allen et al. revelan el valor de las intervenciones comunitarias para prevenir brotes de VIH, y destacan el potencial de ampliar los servicios para las comunidades de personas usuarias de drogas con el fin de evitar brotes.
El HRI destaca cómo la escasa inversión en reducción de daños en los países de ingresos bajos y medios obstaculiza el avance hacia los objetivos sanitarios mundiales, mientras prevalecen costosas políticas punitivas en materia de drogas.
APCOM e IDPC instan al público, a las fuerzas del orden y a los responsables políticos de Tailandia a que ayuden a garantizar la igualdad y la equidad para las personas LGBTQ+ usuarias de drogas, especialmente en su acceso a los servicios sanitarios y sociales, y a acabar con el estigma y la discriminación de que son objeto.
HIV Legal Network identifica barreras y soluciones innovadoras para promover un suministro seguro de medicamentos, incluso a través de programas no médicos.
La ONUDD ofrece información actualizada sobre los mercados mundiales de la droga, las tendencias y la evolución de las políticas, incluido, por primera vez, un capítulo sobre el derecho a la salud y el consumo de drogas.
Michaud et. al. critican la participación central de la policía, que desplaza a los planteamientos de salud pública en la descriminalización de Columbia Británica.
Søgaard et al. concluyen que el suministro social y, en menor medida, el suministro con fines de lucro, están normalizados entre los pequeños cultivadores de cannabis.
La Red Jurídica sobre el VIH identifica lo que puede y debe hacerse para reforzar la respuesta al VIH, otras ITS y otros problemas de salud entre las personas GBT2Q que consumen drogas.
