Informe Mundial sobre Drogas 2024: Un intento fallido por reformular el derecho a la salud de las personas que consumen drogas
En 2024, el Informe Mundial sobre Drogas rompió su silencio histórico respecto a la dimensión de derechos humanos en las políticas referidas a drogas, con un capítulo especial sobre “El consumo de drogas y el derecho a la salud”.
El presente análisis compara dicho capítulo con el informe publicado en abril de 2024 sobre “Consumo de drogas, reducción de daños y derecho a la salud”, elaborado por la Relatora Especial de la ONU sobre el Derecho a la Salud, Dra. Tlaleng Mofokeng, para evaluar si el Informe Mundial sobre Drogas correspondiente a 2024 verdaderamente constituye un avance para integrar una perspectiva de derechos humanos en el régimen mundial de control de drogas.
La respuesta es negativa. El capítulo del Informe Mundial sobre Drogas adolece de una falla metodológica crítica e injustificable: ha sido elaborado sin hacer referencia alguna a los estándares y recomendaciones sobre drogas y el derecho a la salud desarrollados en los últimos tres lustros por los mecanismos de derechos humanos de la ONU, pese a que éstos han sido creados precisamente para orientar a los Estados Miembros sobre sus obligaciones en materia de derechos humanos. Más bien, este capítulo tiende a guiarse por las propias preferencias políticas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) y su deseo de manipular las tensiones políticas en la Comisión de Estupefacientes de la ONU (CND).
El resultado es una representación errónea del derecho a la salud que omite elementos esenciales, como una interpretación firme de la reducción de daños y el apoyo a la descriminalización de quienes consumen drogas. También pasa por alto la innegable tensión entre el régimen de control de drogas y el derecho a la salud. Además, introduce conceptos problemáticos como “el derecho a la salud de las comunidades afectadas por el consumo de drogas”, una noción que no se basa en estándares de derechos humanos y que corre el riesgo de desplazar el enfoque de las personas que consumen drogas.
Aunque el capítulo especial se presenta como la base de un nuevo marco para evaluar la actuación de los Estados en relación con el derecho a la salud, los Estados miembros deberían abstenerse de apoyar esta iniciativa fallida hasta que ésta integre cabalmente los lineamientos elaborados por el sistema de derechos humanos de la ONU.