PRI ofrece un análisis de los desafíos globales, incluidos el hacinamiento, los problemas de salud mental, la corrupción y el creciente uso de tecnologías digitales, al mismo tiempo que presenta soluciones innovadoras para la reforma.
IDPC discute medidas alternativas a la encarcelación implementadas en Tailandia desde las perspectivas de los profesionales y las personas involucradas en el sistema penal.
IDPC y LBHM evalúan críticamente las políticas punitivas de drogas del país y su impacto en el hacinamiento carcelario, recomendando una mayor provisión orientada a la salud y reformas legales.
La Relatora Especial de la ONU sobre el derecho a la salud destaca las prácticas de reducción de daños a nivel mundial, instando a los estados a abandonar enfoques punitivos para salvaguardar los derechos de las poblaciones marginadas para una paz y un desarrollo sostenibles.
Hedden-Claytone et al. exploran el poder de un programa educativo de reducción de daños diseñado para las personas que suministran drogas en la mitigación de daños.
Nelson y Nnam analizan cómo el entorno socio-legal de Nigeria impacta el uso de cannabis de las mujeres jóvenes, haciendo un llamado a intervenciones a nivel estructural para fomentar un uso más seguro.
Este conjunto de herramientas ayuda a los proveedores de servicios a comprender las necesidades de las personas trans, no conformes con el género y no binarias en los programas de servicios de jeringuillas.
IDPC y LANPUD se enfocan en indicadores clave de salud, el impacto de la criminalización y el estigma, y la disponibilidad de servicios de reducción de daños en Honduras.
El IDPC refleja los esfuerzos colectivos de la red por conseguir un mundo en el que las respuestas al consumo, cultivo, producción y suministro de drogas se basen en el bienestar, la solidaridad, la evidencia y la compasión.
El IDPC destaca las crecientes tensiones de la última sesión de la CND, en la que destacaron las divisiones geopolíticas y los desafíos al paradigma punitivo del control de drogas, potenciados por la sociedad civil.
ONUSIDA destaca la importancia de la inversión, la reforma de políticas y la lucha contra las desigualdades para acabar con el sida como una amenaza pública para el año 2030.
