Por Gina Paola Montealegre / Pandemia

A las medidas internas y las presiones externas, se sumó la consolidación de un ordenamiento jurídico internacional que, si bien tiene antecedentes a la fecha de
declaración de Nixon, se vio fuertemente endurecido y enfocado en imponer mayores restricciones al cultivo y la producción de sustancias psicoactivas. Así, se construyó un sistema internacional de fiscalización que, inicialmente, mostró un consenso orientado a combatir mediante un enfoque meramente prohibicionista un fenómeno que al parecer afectaba por igual a todos los países del mundo, pero que ha tenido un impacto diferenciado y agravado en países considerados productores, tales como Colombia, Perú, México y Bolivia.

De esta forma, el actual sistema global de fiscalización de drogas está construido a partir de tres convenciones internacionales:

La Convención Única sobre Estupefacientes de 1961: unificó y reemplazó toda la legislación sobre fiscalización de drogas precedente y constituye el fundamento del
actual sistema. El Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971: amplió el control internacional para incluir más de 100 sustancias sintéticas. La Convención contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988: adoptada desde un enfoque penal, para responder al enorme aumento en la demanda y oferta de sustancias controladas para usos no médicos.