Por Adriana Muro Polo / Elementa DDHH

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su papel de tribunal constitucional, ha asumido un verdadero compromiso con la garantía y la protección de los derechos humanos de todas las personas en el país. Este compromiso puede apreciarse con toda claridad en una gran cantidad de sentencias dictadas en los últimos años que han tenido un impacto real en la vida de las personas. Por lo demás, no hay que perder de vista que las sentencias de la Suprema Corte no sólo resuelven casos concretos, sino que establecen precedentes que resultan aplicables a casos similares en el futuro.

De esta manera, el Máximo Tribunal del país ha emitido resoluciones que articulan respuestas jurídicas a algunos de los problemas que más afectan a nuestra sociedad. Un ejemplo de estas problemáticas que históricamente ha representado enormes retos para el Estado mexicano es la regulación de la producción, el tránsito y el consumo de drogas, en específico del cannabis. Como es ampliamente conocido, esta droga cuenta con el mayor número de usuarios en la región latinoamericana y sus cifras de consumo se han incrementado significativamente en los últimos años. 

En este contexto, el libro que tengo la fortuna de presentar aborda la importancia del papel que las Altas Cortes en diversos países de América Latina han desempeñado como actores del cambio jurídico, al encauzar y direccionar la discusión pública para revertir la tendencia del prohibicionismo y punitivismo exacerbados. A partir de sus determinaciones, las Altas Cortes de la región han orientado la realización de acciones legislativas para avanzar en la regulación medicinal del cannabis, así como en la regulación y despenalización de su consumo para fines recreativos.