Principios para una regulación responsable del uso adulto del cannabis en Colombia
Desde el año 2017, diversas organizaciones que trabajamos en temáticas relacionadas con política de drogas, nos unimos en la Coalición “Acciones para el Cambio”, con el objetivo de visibilizar a nivel nacional e internacional las principales consecuencias de la implementación del modelo prohibicionista en Colombia y proponer el tránsito hacia una política de drogas que respete y garantice los derechos humanos.
En el marco de la conformación en el Congreso de la República de una alianza interpartidista que busca reformular la política de drogas en el país, se presentó un paquete de reformas que incluyen la regulación del uso adulto del cannabis en Colombia. Desde la Coalición “Acciones para el Cambio” recibimos positivamente que el poder legislativo contribuya a la formulación de una política de drogas respetuosa de derechos, a la disminución de la violencia y a la construcción de paz en el país.
Transitar hacía una política distinta a la que ofrece la prohibición, implica encontrar un equilibrio entre la urgencia del cambio y los riesgos de diseñar de forma precipitada un modelo de regulación de las drogas.
Bajo dicha premisa, consideramos que el ejercicio de construcción de la regulación del cannabis en el Congreso debe tomar en consideración las experiencias comparadas en los países donde ya existe legislación en la materia, el ordenamiento jurídico vigente y el entorno político y social que atraviesa Colombia. Una reflexión responsable sobre dichos puntos permitirá contar con un diseño institucional ad hoc a la realidad que enfrenta el país y un ejemplo para los países de la región.
Desde el ámbito internacional, se debate dentro del sistema de fiscalización la actual clasificación del cannabis dentro de las listas de los tratados internacionales. Lo anterior, se evidencia desde organismos de las Naciones Unidas como la Organización Mundial de la Salud (OMS) la cual dirigió una serie de recomendaciones a la Comisión de Estupefacientes la cual incluye trasladar el cannabis hacía una lista menos restrictiva de regulación.
A nivel global, varios países y jurisdicciones están regulando los mercados de marihuana para distintos fines (médicos y no médicos), y con ello se ha aumentado el interés corporativo por un sector económico que puede dar grandes ganancias. Por ejemplo, un reporte de negocios en 2018 indicaba que estima que el marcado global de cannabis puede pasar los 12 billones de dólares para el 2020.
Este panorama genera un interés de inversionistas por la región latinoamericana, y particularmente Colombia, dadas las condiciones geográficas, climáticas e históricas para el cultivo de marihuana. Ante estos intereses, se hace necesario promover una regulación que situe como protagonista al campesinado local. En Colombia, las experiencias de regulación del cannabis para uso medicinal, deben informar este proceso, tanto de las posibles oportunidades, como de las lecciones aprendidas. En una caracterización del mercado realizada por Fedesarrollo se reporta que la marihuana medicinal generaría al país ingresos de USD 99 millones en el 2019. A la fecha, hay 147 licencias otorgadas, y a septiembre de 2018, se sabía que al menos siete compañías canadienses habían instalado negocios en Colombia, con un bajo involucramiento de comunidades campesinas e indígenas. Estas dificultades no son únicas a Colombia, por ejemplo, en California se reportaba que en 2018 solo el 0.78% de los pequeños cultivadores en el Estado habían accedido a una licencia en el mercado regulado.
Con el objetivo de aportar en el debate sobre la viabilidad y la forma de diseñar un modelo de regulación del uso adulto del cannabis en Colombia, presentamos este documento, que busca ser una herramienta para que las y los congresistas construyan desde la responsabilidad y la evidencia disponible un modelo justo y efectivo.
El documento consta de tres apartados. El primero se centra en entender, con base en las fuentes oficiales, el mercado ilegal del cannabis en el país: su volumen, la ubicación geográfica de los cultivos y la situación de violencia asociada a los mercados ilegales; los precios del mercado; las cifras sobre consumo; la criminalización de las personas usuarias, entre otras variables que permiten contar con una fotografía de la realidad de la marihuana a nivel nacional y su impacto en algunas regiones y ciudades. El segundo apartado expone el ordenamiento jurídico vigente en materia de política de drogas y los caminos legales que se requieren para permitir y garantizar una regulación efectiva en el país.
Finalmente, atendiendo a la experiencia comparada y a los estándares nacionales e internacionales en materia de política de drogas y derechos, el tercer apartado expone una serie de principios mínimos que consideramos debe contemplar el diseño del modelo de regulación del cannabis en Colombia.