Por Nicolás Martínez Rivera

En julio de 2016 el gobierno colombiano expidió la ley 1787 que regula el uso y la comercialización del cannabis medicinal en el país. Con esta decisión y una serie de resoluciones subsiguientes, Colombia se sumó a más de una decena de países que han puesto en práctica distintos tipos de reglamentación para explorar las ventajas de esta planta como alternativa farmacéutica. A través de la expedición de cuatro tipos de licencias (cultivo de cannabis psicoactivo, cannabis no psicoactivo, uso de semillas para siembra y fabricación de derivados) se abrió la puerta no sólo a la investigación científica sino a un negocio que cada vez toma más fuerza en el mundo y que algunos prevén que para el 2025 moverá cerca de 54 mil millones de dólares2. Desde la expedición de la ley se han otorgado más de 300 licencias y el país vive una fiebre bautizada “oro verde”, que ha llamado la atención de grandes inversionistas que ven en el cannabis el negocio del futuro. Las condiciones geográficas y climatológicas, el costo de la mano de obra e insumos, así como un robusto marco legal a largo plazo, han hecho de Colombia un lugar idóneo para la siembra de cannabis y un sitio apetecido por las multinacionales.

La entrada en vigencia de esta ley supuso un cambio en la política de drogas a nivel nacional. La historia reciente de Colombia ha estado marcada por la presencia del narcotráfico y la violencia asociada a las condiciones sociales del país. Durante los 60s y 70s Colombia fue uno de los centros de producción de marihuana, y en los últimos 40 años ha sido el principal productor de cocaína en el mundo3. Este fenómeno ha ido de la mano con un conflicto social y agrario de más de medio siglo, que han producido una guerra entre las organizaciones guerrilleras, que vieron en la droga una fuente de financiación de su proyecto político, y los jefes narcotraficantes quienes crearon sus propios ejércitos para defenderse de las extorsiones y la amenaza insurgente. Esta situación, sumada a una política de drogas prohibicionista, ha llevado al recrudecimiento de la violencia, la infiltración del narcotráfico en conflictos sociales preexistentes y la confrontación con las fuerzas del estado, lo que ha dejado cerca de 6 millones de víctimas4. Como respuesta a esta situación, el gobierno nacional se ha enfocado durante décadas en el prohibicionismo y el ataque militar al problema del narcotráfico, lo que ha generado más efectos negativos que soluciones reales.

De allí que este cambio en la legislación no sólo representa una alternativa en términos de salud pública sino que es una pieza clave en la reconstrucción de una sociedad que ha padecido un conflicto armado por décadas. Sumado a esta transformación, en 2016 el gobierno colombiano puso fin a más de 50 años de confrontación armada con la guerrilla de las Farc con la firma de un acuerdo de paz. Uno de los puntos del acuerdo precisamente se enfoca en la sustitución de cultivos y la necesidad de un cambio en la política de drogas. Si bien la cocaína sigue teniendo un enfoque punitivo, la Ley 1787 se pensó también como una alternativa para las familias que han hecho parte del narcotráfico y pasen a la legalidad a través del cultivo de cannabis medicinal.

Aún cuando no hay claridad del número de personas que dependen de este cultivo, las cifras muestran que la marihuana es la droga más consumida en Colombia y se proyecta que el mercado nacional de cannabis medicinal está del orden de los 5 millones de pacientes5, un negocio en el que sin duda los pequeños cultivadores pueden contribuir. Sin embargo, esta oportunidad ha sido rápidamente acaparada por los grandes inversionistas nacionales, como antiguos floricultores, y la llegada de capitales extranjeros. Debido al tipo de regulación que contempla la ley, que apunta al desarrollo de una industria farmacéutica, los pequeños y medianos cultivadores han tenido dificultades para hacer parte de este mercado pues no poseen las inversiones millonarias que este negocio requiere.

A pesar de que la legislación contempla que el 10 por ciento de la producción debe provenir de pequeños y medianos cultivadores, la realidad es que el negocio ha sido mayoritariamente acaparado por los grandes capitales locales y extranjeros. Si bien existen casos de asociaciones campesinas que se han unido para obtener una licencia, la mayoría lo logran a través de asociaciones con multinacionales, en su mayoría canadienses, en donde ya cuentan con una experiencia en el tema. Por lo anterior, desde la puesta en marcha de la ley el gobierno ha introducido resoluciones que buscan incentivar y promover la producción local. Pero la situación está lejos de ser ideal para los productores locales y ya surgen descontentos. El presente artículo analiza la entrada en vigencia de la ley 1787 de 2016 y los desafíos en la implementación del esquema medicinal en Colombia, en especial con el involucramiento de pequeños y medianos productores.

En la primera parte el texto hace una revisión breve de la historia reciente de la marihuana y su uso en Colombia. Luego se centra en la evolución legislativa que desembocó en la Ley 1787 de 2016. En la tercera parte se analiza de fondo las implicaciones de la ley, los tipos de licencia y las resoluciones subsiguientes. A continuación se presenta un panorama de la situación actual del negocio de cannabis, las empresas que hacen parte y el papel del pequeño y mediano campesinado. Y la última parte ofrece sugerencias de cómo esta legislación podría beneficiar en mayor parte a los primeros eslabones de esta cadena, que no sólo han sido quienes más han sufrido los embates del narcotráfico sino también los problemas relacionados con la repartición de tierras.