Los tribunales de tratamiento de drogas en los Estados Unidos se presentan como una alternativa al encarcelamiento de personas arrestadas por infracciones menores relacionadas con drogas en jurisdicciones donde el consumo de drogas es considerado una causa subyacente de la delincuencia y, de esta manera, operan teóricamente como instrumentos para reducir la población en cárceles y prisiones. Los Estados Unidos cuentan con cerca de tres décadas de experiencia con estos tribunales, los cuales se han difundido en sus 50 estados, así como en los territorios de los EE.UU.

Muchos países en todo el mundo han considerado a la experiencia estadounidense de los tribunales de tratamiento de drogas como un modelo a adoptar, y el gobierno de este país también los ha promovido en el exterior como una alternativa al encarcelamiento. Quizá los esfuerzos más organizados para expandir estas políticas se encuentran actualmente en marcha en América Latina y el Caribe. La considerable influencia de los Estados Unidos sobre las políticas para el control de drogas en la región ciertamente ha alentado a muchos de estos países a considerar los tribunales de tratamiento de drogas como una alternativa, y el número creciente de países que los implementan indica que estas iniciativas vienen arremetiendo allí con furor. El gobierno canadiense también ha intervenido para apoyar la expansión de los tribunales de tratamiento de drogas, particularmente en el Caribe, pero este informe no se enfoca en el modelo canadiense.

Quienes proponen el modelo de los tribunales de tratamiento de drogas aseveran que éstos resultan efectivos en función de costos; que reducen la reincidencia así como el tiempo de detención (en prisiones o cárceles); y que ofrecen tratamiento de drogas como una alternativa al encarcelamiento de personas cuyo consumo de estas sustancias impulsa sus actividades delictivas. Para evaluar tales aseveraciones, este informe analiza los hallazgos clave de la experiencia en los Estados Unidos que, pese a considerables diferencias institucionales, legales y culturales, pueden ser de utilidad para informar debates sobre los tribunales de tratamiento de drogas, junto con otras alternativas al encarcelamiento para delitos menores relacionados con drogas, en otros países — particularmente, en países de América Latina y el Caribe que han establecido o están considerando establecer tribunales de tratamiento de drogas. Este informe presenta asimismo una breve visión general sobre dónde y cómo se han implementado tribunales de tratamiento de drogas en América Latina y el Caribe para identificar, en la medida de lo posible, las diferentes experiencias y retos que enfrentan estos países. Una dificultad crucial para este ejercicio consiste en la limitada disponibilidad de datos que permitirían establecer sólidas comparaciones. Tal como ocurre en los Estados Unidos, con escasas excepciones, los tribunales de tratamiento de drogas en América Latina y el Caribe no están sujetos a monitoreo y evaluaciones independientes, y la mayoría de ellos han sido establecidos en fecha relativamente reciente. Ello no obstante, encontramos que la información disponible indica problemas fundamentales respecto a la implementación de tribunales de tratamiento de drogas; los hallazgos de la experiencia estadounidense podrían, como mínimo, ayudar a esclarecer si, y en qué circunstancias, ofrecen una opción más deseable que el encarcelamiento.

La sección sobre los EE.UU. se basa en el análisis de estudios realizados sobre tribunales de tratamiento de drogas y tratamiento de trastornos relacionados al consumo de sustancias, así como en evaluaciones sobre la eficacia de tribunales de tratamientos de drogas, realizados y publicados por el gobierno de los EE.UU., importantes instituciones de investigación, organizaciones de incidencia y reconocidos académicos cuyo trabajo se enfoca específicamente en tribunales de tratamiento de drogas o, más ampliamente, en temas de justicia penal, trastornos relacionados al consumo de sustancias, tratamiento de drogas, y políticas sobre estas sustancias. Las secciones sobre América Latina y el Caribe se basan en un análisis de la información disponible sobre tribunales de tratamiento de drogas (la cual es significativamente más limitada que la vasta literatura disponible en los Estados Unidos), así como en estudios sobre justicia penal, encarcelamiento, tratamiento de drogas, políticas sobre drogas, respuestas a solicitudes de información y entrevistas. Para cada país se revisan también las leyes, documentos oficiales (incluyendo memorandos de entendimiento, documentos y portales electrónicos gubernamentales, informes judiciales, presentaciones en PowerPoint elaboradas por funcionarios y autoridades, y documentos de organizaciones internacionales, entre otros), estudios y evaluaciones (cuando se dispone de ellos) y, en algunos casos, informes periodísticos.

La sustancial diversidad entre los modelos de tribunales de tratamiento de drogas complica los esfuerzos por evaluar su impacto sobre los problemas que se proponen abordar, pero nuestro análisis de la evidencia existente muestra que es debatible la afirmación de que los tribunales de tratamiento de drogas podrían brindar una alternativa al encarcelamiento. Encontramos que los tribunales de tratamiento de drogas, tal como son implementados en los Estados Unidos, constituyen una intervención costosa y engorrosa que tiene un impacto limitado, si acaso alguno, sobre la reducción del encarcelamiento. De hecho, para muchos participantes en la experiencia, estos tribunales pueden tener el efecto contrario al incrementar la supervisión de la justicia penal sobre sí, y al someter a sentencias más severas de las que habrían recibido de otro modo a quienes no se gradúan, convirtiéndose así en un complemento del encarcelamiento antes que una alternativa a éste. Más aún: resulta ambivalente la evidencia sobre su eficacia en cuanto a reducción de costos, la reincidencia y el tiempo de permanencia en prisión. Los costos financieros y humanos para quienes participan en los tribunales de tratamiento de drogas son elevados y desproporcionadamente onerosos para personas pobres y para las minorías raciales.

La evidencia tampoco respalda a los tribunales de tratamiento de drogas como una intervención de salud pública adecuada. Los jueces que presiden los tribunales de tratamiento de drogas están facultados para tomar decisiones sobre tratamiento que deberían ser competencia de profesionales de la salud, y tienen a su disposición opciones limitadas o contraproducentes que pueden amenazar la salud y la vida de los participantes, así como exponer información confidencial sobre su salud y su consumo de drogas.

Uno de los principales objetivos declarados de los tribunales de tratamiento de drogas es asegurar el acceso a tratamiento integral de drogas para quienes lo requieren. Sin embargo, nuestro análisis de la evidencia disponible muestra que, en la práctica, muchos participantes en los tribunales de tratamiento de drogas no requieren tal tratamiento; al mismo tiempo, para quienes lo requieren, el tratamiento puede no estar disponible o ser inadecuado. La evidencia que encontramos indica que recurrir a los tribunales de tratamiento de drogas puede ser una medida apropiada para ciertos infractores — a saber, personas acusadas de delitos graves vinculados a su dependencia a las drogas, quienes de otro modo cumplirían sentencias de cárcel. Lo que a menudo no se considera es que la mayoría de los tribunales de tratamiento de drogas no cumple este criterio.

Lo que es más importante: debemos recordar que el tratamiento para la dependencia a las drogas es un tipo de servicio de salud. Quienes dependen de las drogas tienen derecho, según la legislación internacional de derechos humanos, a servicios de salud pertinentes que estén disponibles, que sean accesibles en términos físicos y económicos sin discriminación, apropiados en términos de género, cultural y éticamente aceptables, diseñados para respetar la confidencialidad, apropiados científica y médicamente, y de buena calidad1. Al facilitar acceso a tratamiento a través del sistema de justicia penal, los tribunales de tratamiento de drogas insertan el sistema penal de manera agresiva en la vida privada y familiar de las personas, e invaden sus decisiones sobre salud y atención médica, reproduciendo y perpetuando la criminalización de quienes consumen drogas y de aquellos involucrados en delitos menores relacionados con drogas. Como marco general para pensar sobre los tribunales de tratamiento de drogas, no debemos perder de vista el hecho de que ninguna persona, independientemente de sus antecedentes penales, debe ser castigada por sus condiciones médicas, obligada a permitir que los tribunales tomen decisiones médicas por ellas o depender del sistema de justicia penal para acceder a un tratamiento que quizá podría haber evitado su encarcelamiento en primer lugar.