A medida que la retórica del “narcoterrorismo” se instrumentaliza para intensificar la “guerra contra las drogas”, este evento analiza sus consecuencias para los derechos humanos y los mecanismos necesarios para garantizar la rendición de cuentas y proteger el derecho internacional.
LANPUD y el consorcio ALEP+PC evidencian la brecha entre ley y realidad, marcada por estigma y criminalización, y llaman a descriminalizar, financiar la reducción de daños, aprobar leyes antidiscriminación y garantizar la participación y rendición de cuentas con las personas que viven con VIH y usan drogas.
IDPC y LANPUD se enfocan en indicadores clave de salud, el impacto de la criminalización y el estigma, y la disponibilidad de servicios de reducción de daños en Honduras.
La red IDPC participó de la reunión anual del Programa COPOLAD, donde recalcamos el importante rol de la sociedad civil en el tránsito hacia enfoques de salud y derechos humanos.
La regulación del cannabis en Jamaica debe cambiar de rumbo y de prioridades: de permitir la codicia empresarial y perpetuar la desigualdad racial, a priorizar la equidad social y las reparaciones.
El TNI ilustra cómo significativas asimetrías de poder han permitido a las corporaciones definir sus condiciones de participación en los mercados emergentes de cannabis.
La Fiscala General de las Islas Bermudas censuró la decisión, calificando como “arcaica” la interpretación de las convenciones por parte de Gran Bretaña.
