Este trabajo acopia testimonios de participantes en servicios de “tratamiento” para trastornos de uso de drogas psicoactivas en Puerto Rico que documentan la persistencia de acercamientos a la condición, fundamentados sobre la falsa premisa de que la misma es producto de personalidades patologizadas y deficiencias morales del individuo que requieren de confrontativos y denigrantes procesos de resocialización para que las personas afectadas aprendan a conformarse a la norma social que establece la abstinencia como el único estado aceptable.

Se describen experiencias que laceran la dignidad, la salud y la seguridad del ser humano que nos obligan a preguntarnos:

  • ¿Por qué se toleran estas prácticas en un estado que proclama en su Constitución que “La dignidad del ser humano e inviolable”?
  • ¿Por qué se toleran en un estado de derecho que cuenta con instituciones para salvaguardar la salud de su población y asegurar que servicios de salud preventivos y curativos se fundamentan en evidencia de que son beneficiosos y no maleficientes?

Los autores citan estadísticas oficiales que corroboran la predominancia de estos programas dentro de la exigua oferta de servicios de tratamiento para uso problemático de drogas con la que cuenta el país.

Estos datos se suman al cúmulo de reportes generados durante varias décadas en el país que delatan la enorme brecha entre demanda y oferta de servicios basados en evidencia de efectividad para uso problemático de drogas que afecta a Puerto Rico.

Le coloca una trágica cara humana a la situación que padecen las personas que entran involuntariamente por la puerta giratoria de servicios provistos primordialmente bajo control legal en el que participan el sector de justicia criminal y los de servicios sociales y de salud sin asumir posturas críticas sobre las consecuencias de su gestión. Bajo estas condiciones, la persona afectada queda instalada en una posición de desigualdad y sujeta a intervenciones provistas por personal facultado para asumir posturas autoritarias que violan la autonomía del paciente y permiten prácticas abusivas y hasta peligrosas.

Después de todo, se trata de una persona que padece una condición criminalizada que se construye como una consecuencia inevitable de su incapacidad para ejercer control personal. Por ello, el rol de quien interviene se reduce a confrontarle con sus deficiencias y a penalizarle cuando estas se reflejan en su conducta. El saldo principal radica en la pobre retención en estos programas y en la progresiva exclusión social que convierte a las personas que necesitan servicios de calidad en parias sociales.

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