Mercados de drogas, seguridad y ayuda externa

La ayuda externa destinada a políticas de drogas de tipo prohibicionista está, sin duda, politizada. El gasto de los países donantes se ajusta a sus propios intereses y prioridades, que puede que no estén relacionados con las necesidades de los países receptores a la hora de abordar eficazmente la producción, el tráfico y el uso de drogas. Muchas veces, la política de drogas prohibicionista en el exterior ha sido simplemente una extensión o ‘exportación’ de una política interna para enfrentar un problema de demanda nacional abordando un problema de oferta exterior.

La ayuda externa se ha concentrado principalmente en mecanismos de aplicación de la ley como medio para hacer frente a la producción, el tráfico y el uso de drogas. Con frecuencia, la salud pública, las políticas sociales y el desarrollo de un sistema de justicia que funcione bien para perseguir los delitos penales no han tenido un impacto suficiente en el diseño de políticas. En consecuencia, los problemas sociales que pueden influir en las cuestiones de drogas –como la falta de educación, las bajas inversiones en salud y los altos niveles de desempleo–, siguen prevaleciendo y el tratamiento de la dependencia de drogas y otros programas de salud tardan tiempo en adaptarse a las nuevas evidencias, lo cual conduce, en algunos casos, a intervenciones preocupantes e inhumanas, como el internamiento obligatorio. Al mismo tiempo, las medidas de seguridad siguen siendo la principal salida de financiación, independientemente de los niveles locales de la violencia. La situación actual en África Occidental, México y Afganistán pone de manifiesto estas deficiencias normativas.

Otra deficiencia es la concentración de políticas de corto plazo –como la formación de fuerzas policiales, las operaciones de incautación y arresto, la destrucción de cultivos mediante la erradicación forzosa, el desmantelamiento de laboratorios de procesamiento, la interrupción de rutas de suministro y el arresto de traficantes– con respecto a las políticas de largo plazo, como políticas públicas de salud y sociales, intervenciones de reducción de daños en el ámbito de la oferta y la demanda, y programas de medios de vida sostenibles debidamente secuenciados.

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