Venezuela: no a la “guerra contra las drogas” como excusa para la intervención de Estados Unidos

Las organizaciones de la sociedad civil de América Latina y del mundo que trabajamos en políticas de drogas, reducción de daños y derechos humanos expresamos nuestro rechazo al uso del paradigma de la “guerra contra las drogas” por parte de Estados Unidos para justificar acciones de presión, injerencia e intervención sobre Venezuela y la amenaza de acciones similares contra otros Estados soberanos de la región.

La experiencia regional demuestra con claridad que este enfoque ha fracasado y ha generado consecuencias devastadoras: militarización, violencia, criminalización de poblaciones vulnerabilizadas y graves violaciones a los derechos humanos. Lejos de controlar la producción o el suministro de drogas, las intervenciones militarizadas no solo han sido ineficaces, sino que han contribuido de manera paradójica a la consolidación y el enriquecimiento del crimen organizado. América Latina conoce bien estos efectos y rechaza que este paradigma sea reutilizado para legitimar nuevas formas de intervención.

En este marco, la apelación a supuestos escenarios de “narcoterrorismo” resulta particularmente peligrosa. Esta noción, que carece de reconocimiento como categoría válida en el derecho internacional, ha sido históricamente utilizada para justificar ejecuciones extrajudiciales, operaciones militares encubiertas y la expansión del derecho penal estadounidense más allá de sus fronteras, sin cumplir con los estándares internacionales que regulan la jurisdicción y el uso legítimo de la fuerza.

Presentar a autoridades de un Estado como “prófugas” de la justicia de otro y pretender aplicar de manera unilateral leyes nacionales en territorio extranjero no solo carece de fundamento jurídico, sino que constituye una grave vulneración de la soberanía estatal y del orden jurídico internacional establecido por la Carta de las Naciones Unidas. Ninguna excepción reconocida por el derecho internacional habilita este tipo de acciones, ni los tratados internacionales de control de drogas contemplan o autorizan medidas de esta naturaleza en el marco de la cooperación global en materia de drogas.

Reconocemos la grave situación de derechos humanos y la profunda crisis de legitimidad institucional que atraviesa Venezuela. Sin embargo, advertimos que este contexto no habilita la suspensión del derecho internacional ni justifica la utilización de marcos securitarios como mecanismo de intervención sobre la soberanía de un Estado. Reafirmamos nuestra solidaridad con el pueblo venezolano y rechazamos las acciones de presión e injerencia externa que vulneran el derecho a la autodeterminación y sientan precedentes graves para toda la región.

Como organizaciones que promovemos políticas de drogas basadas en los derechos humanos, la reducción de daños y la salud pública, sostenemos que la violencia, la amenaza y la intervención no son herramientas legítimas para abordar los desafíos del campo de las drogas. El lenguaje de guerra reemplaza la deliberación democrática por la lógica de la excepción y normaliza prácticas incompatibles con los estándares internacionales de derechos humanos. Cuando se impone la lógica de la guerra, la vulneración de derechos se normaliza.

Respetar la soberanía implica construir acuerdos multilaterales, con metas compartidas y mecanismos transparentes, sin trasladar costos, sin exportar riesgos y sin imponer soluciones unilaterales.