Los derechos humanos en la nueva política de drogas de Colombia
Esta semana el Gobierno dio a conocer la nueva política de drogas, Isabel Pereira, Rebeca Schleifer, Julie Hannah de DeJusticia hacen un análisis y explican cómo se incluyeron los derechos humanos en este marco.
El pasado 3 de octubre, el presidente Gustavo Petro lanzó la nueva política de drogas en El Tambo, Cauca, un municipio y una región donde el cultivo de coca es sustento para miles de familias. La nueva política da prioridad a los derechos humanos, en particular a la protección y promoción de la salud, la vida y los medios de subsistencia de las personas, las comunidades y los territorios más afectados por los enfoques punitivos del control de drogas. También pone en el centro la restauración, conservación y protección del medio ambiente en las zonas dañadas por políticas de drogas nocivas.
El evento tuvo un fuerte poder simbólico, por la locación y sus participantes: cientos de cultivadores de coca, personas que usan drogas, indígenas, afrodescendientes y campesinos, además del ministro de Justicia, el director del programa de sustitución de cultivos, representantes de los ministerios de Salud, Ambiente, Cultura y Agricultura, y funcionarios públicos de las instituciones del Acuerdo de Paz.
Crear un espacio para ese alcance de participación demuestra el compromiso de Colombia con este derecho fundamental. Garantizar una acción diversa e intersectorial en su aplicación resulta esencial para la transformación basada en los derechos que la política propone. Se trata de un cambio necesario en un campo de política pública que ha estado caracterizado por una toma de decisiones que rara vez ha incluido a las poblaciones directamente afectadas.
La nueva política incluye explícitamente la aplicación de las Directrices Internacionales sobre Derechos Humanos y Política de Drogas en su implementación. Las Directrices abordan un catálogo de derechos afectados desde el cultivo hasta el consumo, estableciendo medidas que los Estados deben o no deben adoptar para garantizar el cumplimiento de las obligaciones en materia de derechos humanos.