La coalición global sostiene que los ataques de Estados Unidos a pequeñas embarcaciones son ilegales y devastadores para las economías de las comunidades costeras.
Las comunidades y la sociedad civil de EECA llaman a los gobiernos a garantizar que la Declaración Política sobre el VIH y el SIDA de 2026 proteja las respuestas lideradas por la comunidad, elimine las barreras punitivas y sostenga la reducción de daños.
La prórroga de emergencia de recetas vitales en el Líbano muestra cómo las respuestas sanitarias flexibles y basadas en derechos pueden proteger a las personas que usan drogas afectadas por la guerra y el desplazamiento.
The Lancet subraya cómo las leyes punitivas sobre drogas siguen alimentando el riesgo de VIH, el estigma y la exclusión de las personas que usan drogas, pese a los crecientes llamamientos a la reforma. Más información, en inglés, está disponible abajo.
La ofensiva atribuida a disidencias de las FARC volvió a poner el foco en el deterioro de la seguridad en la región y en el impacto de las economías ilegales sobre comunidades civiles.
Colombia llegó a la CND con avances diplomáticos importantes, pero también con contradicciones: una hoja de coca que sigue clasificada bajo el régimen internacional y una política interna que oscila entre la reforma y la represión.
El espacio de referencia para la atención a mujeres y personas de género diverso que usan drogas y viven situaciones de violencia y exclusion se enfrenta a la pérdida de su local por la no renovación de su contrato de alquiler.
Se aceptan contribuciones sobre cómo la colonialidad y las jerarquías raciales siguen moldeando la política de drogas, la gobernanza y la producción de conocimiento.
A coalition of 125 organisations warns of human rights implications, as well as the risk of legal responsibility for States collaborating in unlawful killings at sea.
La reciente decisión de la OMS de mantener la clasificación internacional de la hoja de coca pone de relieve las tensiones persistentes entre el sistema de control de drogas, los derechos de los pueblos indígenas y la evidencia científica.
