Tras seis décadas de prohibición, la OMS revisa la clasificación de la hoja de coca, reabriendo un debate histórico sobre ciencia, cultura y justicia en las políticas de drogas.
Fiocruz y organizaciones aliadas denuncian la operación policial letal en Río, condenan la seguridad militarizada y la necropolítica, y exigen políticas ciudadanas que prioricen la vida y los derechos.
El IDPC se une a líderes globales para presentar una declaración conjunta que condena la pena de muerte por delitos relacionados con drogas, reconoce las reformas recientes y aboga por un cambio más profundo.
El IDPC participó en los debates temáticos de la CND de este año para pedir una reforma audaz y basada en la evidencia, instando a los gobiernos a apoyar al nuevo panel de expertos que revisa el sistema de control de drogas de la ONU y a garantizar la plena participación de la sociedad civil.
Los centros de rehabilitación de drogas sin licencia son lugares de detención arbitraria, castigos crueles, corrupción y violaciones de derechos humanos.
Aunque participativa y ambiciosa, la Política Nacional de Drogas de Colombia corre el riesgo de quedarse en el papel por falta de una hoja de ruta clara.
El IDPC instó a los expertos a poner fin a una injusticia colonial, pidiendo que la hoja de coca sea desclasificada y que se reconozcan plenamente las tradiciones y los derechos de los pueblos indígenas.
Marie Nougier revela cómo las leyes punitivas sobre drogas devastan la vida de las mujeres, alimentando el encarcelamiento masivo y la desigualdad — y hace un llamado a políticas de drogas feministas, humanas y basadas en la evidencia, centradas en el cuidado y no en el castigo.
La cooperación internacional ofrece una oportunidad para alinear de manera coherente las políticas de drogas regionales con las normas de derechos humanos.
Estados Unidos certificó condicionalmente a Colombia, manteniendo provisionalmente el flujo de asistencia mientras exige un plan del gobierno de Petro para limitar el comercio ilícito de drogas.
