IDPC insta a los gobiernos a poner fin a los abusos de derechos humanos relacionados con las drogas, invertir en reducción de daños y alinear las políticas de drogas con los derechos humanos y la respuesta al VIH.
Las redes de suministro criminalizadas son perjudiciales, pero clasificarlas como grupos terroristas es una respuesta inadecuada que afectará desproporcionadamente a las personas vulnerabilizadas.
Años de incidencia política, incluido el trabajo del IDPC con el apoyo del Robert Carr Fund, llevaron a la primera resolución de la CND que reconoce la « reducción de daños » en 2024.
La congelación de fondos de EE.UU. obliga al cierre de programas de reducción de daños en Sudáfrica, dejando a miles sin acceso a servicios esenciales.
En lugar de invertir en medidas ineficaces y costosas, el gobierno debe priorizar estrategias de reducción de daños que protejan vidas, como la verificación de sustancias.
Aunque el Territorio de la Capital Australiana (ACT) despenalizó el cultivo de cannabis, las restricciones siguen poniendo en riesgo legal a muchas personas.
Los centros de detención forzada para personas que usan drogas militarizan el tratamiento, ignorando la necesidad de un enfoque basado en la salud y la descriminalización.
El 2025 ofrece oportunidades para avanzar en la protección de los derechos humanos, incluyendo la regulación del cannabis, el apoyo a políticas de reducción de daños, y otras medidas reparatorias.
