Nueve organizaciones de derechos humanos condenan el impulso de Maldivas para imponer la pena de muerte por tráfico de drogas, advirtiendo que viola el derecho internacional y contraviene las tendencias globales hacia la abolición.
La “guerra contra las drogas” contra la cocaína alimenta la deforestación amazónica, fortalece al crimen organizado y pone en peligro a las comunidades indígenas, lo que evidencia la necesidad de una reforma basada en los derechos.
La sociedad civil insta a la OMS a sostener su liderazgo en reducción de daños, resistir los recortes de financiación y asegurar la participación significativa de las comunidades.
El ataque militar que causó la muerte de 11 personas plantea serias preocupaciones sobre legalidad, proporcionalidad y el uso de la fuerza letal en operaciones antidrogas.
Louise Beale Vincent, una activista muy querida e invaluable, directora ejecutiva de la Unión Nacional de Sobrevivientes y la Unión de Sobrevivientes de Carolina del Norte, será recordada por su legado en la creación de movimientos y su compromiso con el cuidado de la comunidad.
El 60º período de sesiones es una oportunidad para visibilizar el impacto de las políticas de control de drogas en los derechos humanos a nivel mundial, con la pena de muerte, violaciones del derecho internacional humanitario, desapariciones forzadas y debates sobre la detención arbitraria que tendrán lugar.
Ucrania ha aprobado una nueva estrategia nacional de política de drogas, que busca mejorar el acceso a medicamentos controlados, ampliar los programas de reducción de daños y brindar apoyo a las poblaciones marginadas.
El programa busca capacitar a candidatos para participar en procesos de derechos humanos de la ONU y centrar las voces indígenas en temas emergentes como la reforma de la política de drogas.
Contra la criminalización, la invisibilidad y la violencia sistémica, estas iniciativas buscan ampliar la reducción de daños y la reforma de políticas con perspectiva de género, basándose en la experiencia vivida.
Aunque a menudo se presenta como una solución total, la descriminalización es solo una pieza del rompecabezas y su éxito depende de una mejora integral del apoyo social.
Aprovechando aportes de más de 200 contrapartes, la evaluación de la campaña “Apoye. No Castigue” explora cómo ésta ha promovido el desarrollo de un movimiento global capaz de transformar narrativas, movilizar comunidades y propiciar cambios para lograr leyes, políticas y prácticas basadas en los derechos y en la reducción de daños
