Ni el informe sobre drogas de la OEA, expuesto recientemente por José Miguel Insulza, su Secretario General, en diversos auditorios, ni sus comentaristas auspiciosos - pocos se han atrevido a controvertirlo- se hacen cargo de los adversos impactos sanitarios, en la seguridad ciudadana, al respeto a los derechos humanos, a la seguridad de los estados y las relaciones internacionales que han tenido la aplicación de las convenciones internacionales sobre drogas de 1961, 1970 y 1988. Estas convenciones prohíben penalmente toda forma de provisión - producción, tráfico, comercio y expendio- de opio y sus derivados, marihuana, coca y cocaína (1961), psicofármacos y precursores de estos (1970), así como solicita a los estados sancionar penalmente el consumo de cualquiera de aquellas sustancias (1988).

Este sistema penal internacional ha llenado las cárceles del planeta de pequeños traficantes y consumidores de drogas, ha atochado el sistema penal hasta la ineficiencia, ha generalizado la violencia en las calles de los barrios populares y en los campos de las zonas rurales más empobrecidas del mundo, la “guerra de las drogas” ha producido cientos de miles de víctimas entre sus actores pero sobre toda entre la población civil inerme que ni usa ni trafica con drogas, ha instalado la inseguridad y el temor en el imaginario colectivo de la época, en el mundo de la globalización no hay nada tan global como el asunto de las drogas y su sangrienta guerra. Todo esto se ha hecho para proteger la salud y la moral de la humanidad. No obstante hay y han pasado más usuarios problemáticos de drogas por las cárceles que por los servicio de salud. En breve, esta política internacional de prevención y control de drogas ha criminalizado e irrespetado los derechos de los más vulnerables y débiles: los usuarios de drogas y los pequeños proveedores que delinquiendo gestionan su pobreza. Aquí en Chile detenemos 85.000 personas al año por infracciones a la ley de drogas, más de la mitad de los 160.000 detenidos por todos los delitos, mientras que por robo con fuerza solo a 19.000.

Todo esto ha sido hecho pese a que solamente un 3% de la población ha usado drogas en el último mes, pese a que el 75% de quienes han usado drogas han dejado de hacerlo, pese a que no hay evidencia científica de que las drogas controladas causen más  dependencias y adiciones que el tabaco y el alcohol, pese a que el intento de los Estados Unidos de América a comienzos del siglo pasado de controlar mediante la aplicación de la ley penal la provisión y el consumo de alcohol puso en evidencia que ese intento de control producía más daños que beneficios sanitarios entre la población y para la seguridad ciudadana. La gran lección allí recogida fue que el mercado negro y el contrabando surgen cuando una prohibición no tiene legitimidad, ya que la violencia penal solo se legitima cuando se aplica a la protección de bienes jurídicos específicos y claramente definido como: la vida, la integridad de la persona humana, la libertad, la propiedad, etc.

Ante la declarada guerra de las drogas para controlar el uso y la provisión de esas sustancias ha habido un proceso creciente de resistencia, que se inicia en la década de los setenta cuando el Gobierno Holandés aplicando el principio de oportunidad de la acción penal, que es una competencia de los fiscales, permite el acceso a pequeñas cantidades de marihuana en sus ya famosos cafés de cannabis, luego otros países europeos como Suiza, Portugal, España, o anglosajones como Australia, Canadá y Nueva Zelanda irán tolerando diversa formas de provisión y consumo que no serán sancionadas, en los últimos diez años una veintena de estados de los Estados Unidos de Américas han establecido diversas modalidades de uso médico de la cannabis sin preocuparse mucho de sus desvíos al uso recreativo, ahora, el año pasado los estados de Washington y Colorado han aprobado su consumo y provisión con fines recreativos, ante lo cual el Gobierno Federal ha decidido hacerse el desentendido - el “desentendimiento” parece ser la nueva doctrina pública en drogas- ; finalmente, por iniciativa del Gobierno el Parlamento de Uruguay ha aprobado una ley que regulariza el consumo y la provisión de cannabis administrada por el Estado, con esto será el primer estado que legalmente termina con la prohibición de esta sustancia, que representanta más del 70% del consumo de drogas en el mundo, en Chile el 90%.

En estos días Eric Holder, Secretario de Justicia de los EUA ha dicho que: “De los 219.000 detenidos en las prisiones federales, casi la mitad están condenados por temas de drogas”, pidió cambiar las leyes de drogas ya que estas: “fomentan el irrespeto por el sistema, y cuando se aplican indiscriminadamente no favorecen la seguridad pública”…”Se trata de un círculo vicioso de pobreza, criminalidad y cárcel que atrapa a demasiados estadounidenses y debilita a demasiadas comunidades”. Recientemente, el Secretario Holder ha afirmado no intentarán bloquear las leyes estatales aprobadas el año pasado en Colorado y Washington "aplazando su derecho a impugnar las leyes de legalización en este momento", como vemos impera el principio del desentendimiento.

Aquí en el país, en período electoral, con grandes expectativas de cambios políticos, económicos y sociales instaladas por los estudiantes y demandadas por la gran mayoría de la nación –“la calle”-, la necesidad de un nuevo trato al consumo y provisión de drogas ha sido planteado por diversas instituciones de la sociedad civil – Red Chilena de Reducción de Daños, la Coalición por una Nueva Política de Drogas, la Fundación Paréntesis- e incluso por algunos importantes políticos –senadores Lagos Weber y Rossi-, mientras que la policía intenta detener personajes importantes por infracciones a la ley de drogas, en particular de la farándula televisiva, entre tanto los medios de comunicación se mueven en la ambigüedad y la desinformación como siempre sucede cuando se aproxima un “cambio epocal” significativo.

En términos programáticos las candidaturas presidenciales con mayores opciones nada han dicho, la candidata de la Nueva Mayoría, Michelle Bachelet, se ha limitado a reconocer que es un error la norma por la cual se considera a la cannabis una “droga dura”, lo cual implica aplicar las mayores penas previstas y no reconocer beneficio alguno en favor del imputado, cosa que fue hecha bajo su gobierno, además, ha dicho que fumar marihuana no es más grave que emborracharse ; por su parte, la candidata  de la Alianza por Chile, Evelyn Matthey, también considera la necesidad del mismo cambio sobre la gravedad de la tenencia de marihuana y de algún otro sin especificarlo. Hay que reconocer que solamente Marcos Enríquez Ominami, con la tercera opción, es el único candidato que ha hecho propuestas concretas para regularizar la provisión y el consumo de drogas. En fin, hasta ahora en la actual campaña electoral la política en drogas es: “a las drogas…dile cualquier cosa”.

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