Hacia una retirada segura de la guerra contra las drogas

Por Tlaleng Mofokeng, Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la salud / El País

Mientras el mundo se obsesionaba con los resultados de la elección presidencial en Estados Unidos, prestó menos atención a otra consecuencia de los votos: se dieron pasos significativos para despenalizar las drogas en varios estados del país. Uno de ellos, Oregón, va camino de abolir las sanciones penales por la posesión de pequeñas cantidades de estupefacientes ilegales, desde heroína hasta metanfetaminas. Se debería aplaudir este enfoque y adoptarlo mucho más ampliamente.

Según datos de 2018, unos 269 millones de personas en todo el mundo usan drogas ilegales. Entre ellas hay 11 millones que lo hacen con inyecciones endovenosas, un método que conlleva riesgos adicionales. Casi la mitad de quienes se inyectan estupefacientes sufren hepatitis C, y la impactante cantidad de 1,4 millones, VIH. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, tan solo en 2017 murió más de medio millón de personas debido al uso de estupefacientes.

Esta es una tragedia completamente evitable, alimentada por el enfoque cruel y contraproducente de la llamada “guerra contra las drogas”. Debido a esta iniciativa, lanzada en la década de 1970 por el presidente estadounidense Richard Nixon, la posesión de estas sustancias es hoy un delito penal en la mayoría de los países y quienes las usan enfrentan un grave estigma social.

La lógica de la guerra es simple: el riesgo de un duro castigo tendrá un efecto disuasorio eficaz y reducirá su uso, pero no es esto lo que ocurre, en absoluto. A pesar de los enfoques cada vez más punitivos, la venta y el uso de drogas siguen aumentando en el mundo y causan más sobredosis, VIH, hepatitis C y tuberculosis.