Por Kathryn Ledebur, Linda Farthing y Thomas Grisaffi | Traducido del inglés por Pedro Albornoz Camacho 

En meses recientes, Bolivia atravesó extensas manifestaciones públicas en contra del gobierno interino encabezado por Jeanine Áñez, quien pospuso las elecciones dos veces debido al coronavirus. Su gobierno ha violado repetidamente su mandato al aprobar leyes nuevas y perseguir a sus opositores políticos, incluyendo cocaleros del Chapare, en la región oriental de Cochabamba, con quienes colaboramos en proyectos de investigación.

Bolivia es el tercer país productor más grande de cocaína, una droga elaborada a partir de hojas de coca, elemento central dentro de la cultura andina. Bajo el anterior gobierno de Evo Morales, los cocaleros se beneficiaron de un programa que les permitió cultivar una parcela de coca con una extensión máxima de 2.500 metros (un Cato), y activamente impulsó a los productores a monitorearse entre ellos para que estos límites se respeten.

Esta política, que hacía énfasis en la participación comunitaria y el respeto hacia los derechos humanos, fue aplaudida y financiada por la Unión Europea. El programa de control social de Bolivia fue reconocido a nivel internacional por los medios de comunicación más importantes del mundo como una Práctica Óptima dentro del campo, y sirvió como un ejemplo para la cooperación en otras partes del mundo.

Sin embargo, recientemente se revirtió este enfoque. Un ex-oficial de la UE en Bolivia declaró confidencialmente que esto constituye un “retroceso significativo”. Sin embargo, la UE estuvo ayudando a que esto ocurra.

En febrero, la UE prometió proporcionar 10 millones de Euros de financiamiento para el control antidroga al gobierno interino de Bolivia, y apoya su nueva estrategia para eliminar el narcotráfico en cinco años. El 16 de agosto, la prensa boliviana informó que el representante de la UE en Bolivia, Joerg Schreiber, había confirmado este compromiso. 

Esto resultó en críticas del ex presidente interino y ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, así como del ex presidente Evo Morales. El apoyo para la nueva estrategia de lucha antidroga de Bolivia se halla en marcado contraste ante el enfoque a largo plazo de la Unión Europea en Bolivia y sus lineamientos políticos internos.

Un gobierno interino

Jeanine Áñez asumió el gobierno sin mandato constitucional el 12 de noviembre de 2019, dos días luego de que Morales haya sido forzado a renunciar a “solicitud” de las fuerzas armadas bolivianas luego de un motín policial. Al día siguiente, los militares desplegaron fuerza letal contra manifestantes que protestaban en contra del derrocamiento de Morales.
Poco después, hubo violaciones contra los derechos humanos, detenciones arbitrarias y amenazas en contra de los defensores de los derechos humanos, como señaló Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. El gobierno interino de Áñez rechazó las declaraciones de Bachelet como “asunciones subjetivas, erróneas”, y como “un ataque en contra de la democracia expresada por el pueblo”.

La crisis poselectoral del año pasado resultó en al menos 35 muertos y 800 heridos, la mayoría de estos ocurridos durante operaciones del ejército y la policía. Docenas de ex oficiales del gobierno y personas relacionadas a la administración anterior han sido perseguidos. 

El Ministro de Gobierno de Bolivia, Arturo Murillo, realiza declaraciones preocupantes con mucha frecuencia. Por ejemplo, al hablar de la gente que adolece de narcodependencia, se refirió a estas como “la peor lacra de la humanidad”.
Se unió al resto del gabinete de Áñez al firmar una ley que garantizaba la impunidad para las acciones policiales y militares que resultaron en la muerte de diez cocaleros y en 100 otros heridos el 15 de noviembre. Un ataque militar y policial posterior contra manifestantes desarmados resultó en once personas muertas y decenas heridas.

Colaboración o conflicto

El programa de control social de la coca que fue adoptado durante los años del gobierno de Morales (2006-2019) se enfocó en trabajar con cocaleros para reducir los cultivos destinados a los mercados ilegales, a tiempo de incrementar el respeto a los derechos humanos, las alternativas a la coca, y permitir los usos tradicionales de la planta. Esto redujo exitosamente la producción ilegal y fue aplaudida por el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas como un enfoque innovador superior a las décadas de erradicación forzosa.

No pasó mucho tiempo antes de que el gobierno de Áñez redactara su propia estrategia de lucha contra las drogas, “Juntos, Libres de Drogas”, en coordinación con expertos técnicos de UE y DITISA, una consultoría financiada por la UE. Esta estrategia luego fue renombrada como “Bolivia: Libre de Drogas”, luego de que el nombre original resultara en críticas de que la UE estaba legitimando al gobierno de Áñez al incorporar el nombre de su partido político, Juntos, en el título. 

El programa presenta una postura estricta y frecuentemente confusa contra el uso de narcóticos, así como en temas de interdicción y control de provisión, demostrando poco conocimiento de la política boliviana y de la dinámica nacional. Sus autores copiaron palabra por palabra textos del informe estratégico internacional para el control antidroga y artículos de prensa, y descartaron la estrategia anterior como siendo “permisiva y nada práctica”, y “solamente un discurso político”.

Las declaraciones agresivas de altos oficiales del régimen de Áñez caracterizan a los cocaleros del Chapare como “narcoterroristas”. Las amenazas constantes de intervención contra los cocaleros por parte de las fuerzas de seguridad de Bolivia van en contra de la política promovida durante años por la Unión Europea en Bolivia.

Áñez anunció el plan en la televisión estatal solo once días luego de que la UE anunciara el financiamiento, pero el texto completo no se difundió públicamente sino tres meses luego. “Esta falta de transparencia es problemática,” nos dijo un experto en política antidroga boliviana quien pidió no divulgar su identidad. “Ni el gobierno, ni la UE proporcionó la información acerca del plan de acción que debe acompañar todas las estrategias financiadas por UE”. 

Dicha estrategia tampoco cumple con los requerimientos de cuestión generacional y de género que pide la UE para otorgar financiamiento. Aunque la medida cita un enfoque hacia “poblaciones vulnerables”, tampoco hace referencia a acompañar el desarrollo integral con involucramiento directo de los beneficiarios del proyecto, que constituye otro requerimiento de la UE.

Pérdida de confianza
La falta de consulta, así como la suspensión de proyectos de desarrollo existentes que realizó el régimen de Áñez erosionó el elevado nivel de confianza en el gobierno que antes existía en las regiones cocaleras.
“Antes, solíamos trabajar estrechamente con la Unión Europea para controlar la coca, para mantenernos dentro de los límites legales,” declaró un líder cocalero que no deseaba revelar su nombre por miedo a represalia por parte del gobierno. “Deseamos seguir haciéndolo, pero todo se destruyó a causa de este régimen de facto. Ellos no se comunican, ni coordinan con nosotros para nada.”


La UE exploró activamente cómo adaptar la política anterior en países vecinos. Sin embargo, ahora las lecciones obtenidas de la experiencia basada en el control comunitario de la coca se están perdiendo rápidamente. “Sería un desastre perder todo el progreso que realizó Bolivia en lo referido al control de la coca,” lamentó un experto en política antidroga. “El enfoque técnico se fue por el caño.”

Texto Original: https://theconversation.com/bolivia-reverses-years-of-progress-with-new-draconian-cocaine-policy-supported-by-the-eu-144386