Por Cristina Reyes Ortiz y Tania T. Ramírez

Existen diversas posturas respecto a si se debe considerar a la justicia para adolescentes como parte del sistema penal. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sentencia de la acción de inconstitucionalidad de 37/2006, resolvió que se debe considerar como un sistema de responsabilidad penal especial. Además, la reforma constitucional de abril de 2015, a los artículos 18 y 73, otorgó al sistema integral de justicia para adolescentes los mismos principios básicos del sistema penal acusatorio.

Aunado a lo anterior, el Estado tiene la obligación de proteger los derechos de los adolescentes en conflicto con la ley, bajo la óptica de su condición de personas en desarrollo. Es decir, la protección debe ser más amplia y garantista que con las personas mayores de edad. Sin embargo, se debe tener cautela de no incurrir en regresiones hacia el sistema tutelar que estaba vigente en el país hasta la reforma de 2005 al artículo 18 constitucional.

Cabe señalar que la transición del sistema tutelar al sistema de responsabilidad penal especial en el país ha sido abrupta e inconsistente. A la fecha, por poner un ejemplo, sólo 14 entidades federativas tienen una ley de justicia para adolescentes armonizada total o parcialmente con el nuevo sistema penal acusatorio; las 18 entidades restantes tienen leyes que oscilan entre el sistema tutelar y el sistema penal tradicional.

La reforma al artículo 73, fracción XXI,de la Constitución facultó al Congreso de la Unión para expedir la legislación única en materia de justicia penal para adolescentes, que será aplicable para las entidades federativas y la federación. A partir de esta reforma constitucional, se han presentado dos iniciativas de legislación única en materia de justicia penal para adolescentes. La primera es la Iniciativa de Ley Nacional del Sistema de Justicia para Adolescentes Infractores, presentada en abril de 2015 por la senadora Angélica de la Peña (PRD). La segunda, es un proyecto elaborado por diversas organizaciones de sociedad civil que se dedican a la defensa de los derechos de los adolescentes desde diversas trincheras: la Iniciativa de Código Nacional de Justicia Penal para Adolescentes.

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