Colombia puede y debe regular los clubes cannábicos
Regular el mercado de la marihuana en Colombia debería ser una prioridad política del próximo presidente o presidenta del país. Regular podría disminuir las rentas del poder ilegal e introducir controles de salud pública para un producto de consumo masivo. Sin embargo, de los candidatos, solo Cepeda menciona la regulación del mercado de drogas en su programa de gobierno, aunque de manera ambigua y sin contenido específico. Las drogas siguen siendo el elefante en la habitación de la política colombiana. Pero ¿qué tan posible es regular el cannabis en Colombia? La única oportunidad sin reforma constitucional es la de los clubes cannábicos.
El panorama es paradójico: Colombia produce más cannabis del que consume. El 60% del que se cultiva aquí sale ilegalmente hacia otros países. Solo el enclave del norte del Cauca produce aproximadamente 1.538 toneladas al año, según Indepaz. Somos, en la práctica, una potencia exportadora de cannabis ilegal que se niega a regular su propio mercado.
Intervenir en el mercado de cannabis no es sencillo. El cannabis es la tercera sustancia psicoactiva más consumida por los colombianos, detrás del alcohol y el tabaco, y su mercado hace rato superó la lógica simple de cultivador, intermediario y consumidor. Los autocultivadores y los clubes sociales cannábicos han ido cambiando las reglas de juego. Naturalmente, no todos los actores de este mercado querrán o podrán participar del mercado legal, más cuando la oferta sobrepasa la demanda doméstica por esta flor. A esto hay que agregarle que una regulación integral del mercado debe estar precedida de una reforma constitucional que lo permita, reforma que se ha intentado más de seis veces y parece cada vez más difícil de lograr en el Congreso.
Si somos sinceros, el margen de acción del próximo gobierno es limitado, pero la expansión de los clubes cannábicos es una oportunidad para superar el paradigma prohibicionista sobre el cannabis. Los clubes son un modo organizativo de producción y distribución de cannabis que escapa de la lógica del mercado negro, porque se trata de adultos que se asocian para cultivar y compartir de manera colectiva, sin ánimo de lucro y de manera casi segura. Casi, porque, sin necesidad de una ley, estas iniciativas se amparan en el derecho al autocultivo (máximo 20 plantas por persona), el derecho a la libre asociación y la más reciente interpretación de la Corte Suprema de Justicia sobre el delito de tráfico. Interpretación que entiende que compartir sustancias psicoactivas con personas con quienes se tiene lazos estrechos y sin ánimo de lucro no constituye delito.