Lohman y Barrett sugieren una legalidad basada en los derechos humanos, la eficiencia y la proporcionalidad de la ley, para abordar las deficiencias del sistema actual.
HRI compila evidencias geográficamente diversas para habilitar a defensores a justificar la reducción de casos basándose en la eficacia en función de costos.
La OMS y ONUDD ofrecen lineamientos para que la comunidad internacional desarrolle servicios de tratamientos efectivos, éticos y basados en evidencias para desórdenes referidos al consumo de drogas.
Maghsoudi et al. resaltan la importancia de diversificar las opciones de terapias con agonistas opiáceos, especialmente en medio de la crisis de sobredosis en Canadá.
El IDPC y la Red de Japón sobre Incidencia en Políticas de Drogas ofrecen una visión general sobre el consumo de drogas en Japón, respuestas de las autoridades públicas, y respaldo existente por parte de la sociedad civil.
El IDPC aboga por medidas de urgencia en relación al sistema de justicia penal para reducir los riesgos que supone el COVID-19 para la población carcelario y general.
ILANUD discute los acciones que el Sistema de Naciones Unidas y otros entes supranacionales han recomendado para reducir la población privada de libertad durante la propagación del covid-19.
El IDPC pide a los gobiernos del sudeste asiático que consideren medidas para reducir los impactos negativos de COVID-19 en las personas en las cárceles.
