Elementa y el Instituto RIA investigan para las Naciones Unidas arrestos, detenciones, procedimientos de justicia penal y violaciones de los derechos humanos de personas sospechosas de haber cometido delitos de drogas en México.
Chang et al. urgen ponerle fin a la criminalización y adoptar una nueva realidad basada en la solidaridad y la cooperación, centrada en la salud, derechos y dignidad de las perosnas que usan drogas.
Reprieve y LBHM discuten las contradicciones entre los objetivos de desarrollo y las políticas punitivas de drogas, y el impacto negativo en los términos sociales, económicos y ambientales.
ONUSIDA lamenta el incumplimiento de los objetivos para el VIH de 2020, y nota que 1 de cada 10 nuevas transmisiones conciernen personas que usan drogas inyectables.
Los 122 asesinatos son la expresión más obscena y trágica de una tendencia más amplia a erosionar los derechos de las personas menores como parte de la "guerra contra las drogas" del gobierno.
Thomas et al. discuten el impacto positivo de los programas de agujas y jeringas, y de la distribución de jeringas de bajo espacio muerto para limitar las nuevas transmisiones.
El CEDD y Dejusticia recomiendan medidas de emergencia para proteger la vida de las personas privadas de libertad, como la puesta en libertad anticipada, indultos y alternativas al encarcelamiento para las poblaciones vulnerables.
AFEW International reporta que, aunque las organizaciones para reducción de daños y de salud se están adaptando a las restricciones de la pandemia, persiste el impacto sobre servicios de prevención y tratamiento.
