El OEDT describe los principales efectos de restricciones referidas al COVID-19 sobre la población que consume drogas, en relación con la provisión y demanda de servicios referidos a drogas.
La INPUD demuestra cómo la mayor participación en el Fondo Global de personas que consumen drogas refuerza los programas para reducción de daños relacionados con drogas.
Mainline, MEWA y PHI esbozan cómo la violencia basada en el género contra las mujeres crea enormes barreras para el acceso a servicios de salud y tratamiento referido a drogas.
La Corporación Viso Mutop detalla agresiones al campesinado comprometido con la sustitución de cultivos y urge a las autoridades a garantizar sus derechos.
El informe anual de la JIFE refleja tanto los avances como las deficiencias del enfoque de la Junta en materia de control de drogas, integrando en mayor medida las consideraciones de derechos humanos y mostrando al mismo tiempo cierto grado de inflexibilidad en relación con las reformas nacionales de la justicia penal.
Basándose en las experiencias de docenas de países de todo el mundo, el IDPC esboza las principales lecciones aprendidas de la sociedad civil durante y después de la pandemia de COVID-19.
ONUSIDA adopta una nueva estrategia con nuevos y audaces objetivos para reducir el impacto destructivo del estigma, la desigualdad y la criminalización en la epidemia.
Ashley Nellis del Sentencing Project descubrió que en los EE.UU. hay más personas sentenciadas a cadena perpetua que el número de personas que cumplían cualquier sentencia en 1970.
El IDPC analiza los acontecimientos en relación con el encarcelamiento y políticas sobre drogas en Camboya, especialmente a la luz de la pandemia del COVID-19, y sus impactos específicos sobre mujeres y niños.
