Por María Juliana Rubiano-Lizarazo, María Alejandra Vélez y Pedro José Arenas García / Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (CESED) - Facultad de Economía - Universidad de Los Andes / Corporación Viso Mutop

Un análisis desde las voces campesinas de los Departamentos de Guaviare y Putumayo. En el 2020, cerca del 48% de los cultivos de hoja de coca se encontraban en Zonas de Manejo Especial (resguardos indígenas (8%), consejos comunitarios de comunidades negras (15,5%), parques nacionales (4%) y zonas de reserva de Ley 2da (20%)). Además, en este año se reportó un incremento alarmante del área sembrada en las áreas de amortiguación de los PNN, lo cual sugiere una gradual expansión de la frontera agrícola (UNODC, 2021). Ante este panorama, en el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) en 2021 incluyó una oferta diferencial de sustitución en estas zonas, como los Pagos por Servicios Ambientales, la Asistencia técnica Integral Diferenciada y los Proyectos de Uso Sostenible. Actualmente, los avances del enfoque diferencial del PNIS son escasos y algunos de los componentes continúan en construcción. Si bien mediante la Resolución No. 56 de octubre de 2020 se diseñaron los lineamientos metodológicos del esquema de “Territorios para la Conservación” para adelantar acciones del PNIS en zonas ambientales estratégicas, este documento no desarrolla lineamientos concretos para los casos de los resguardos indígenas y consejos comunitarios de comunidades negras. Según el último informe del Gobierno, la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos (DSCI) ha elaborado un documento con lineamientos para la implementación del programa con comunidades étnicas que se encuentran dentro de territorios colectivos, pero en el momento se encuentra sujeto a concertación con las comunidades (Gobierno de Colombia, 2022).