Visita a México - Informe del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU
Por invitación del Gobierno, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria visitó México del 18 al 29 de septiembre de 2023. El Grupo de Trabajo identificó avances positivos, entre ellos: las enmiendas constitucionales de 2011 que colocaron los derechos humanos en el centro de la Constitución, la transición desde 2008 hacia un modelo acusatorio de justicia penal, la extensión del amparo a los derechos humanos reconocidos internacionalmente, la Ley Nacional de Ejecución Penal de 2016, la introducción de un Registro Nacional de Detenciones, la modificación de leyes en 2014 para establecer restricciones a la administración de la justicia por parte de los tribunales militares, la Comisión Nacional y las comisiones estatales de derechos humanos que tienen su base jurídica en la Constitución, así como la creación del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.
Al mismo tiempo, el Grupo de Trabajo observó que la detención arbitraria sigue siendo una práctica generalizada en México y que existen deficiencias en el sistema de justicia penal, tales como la figura del arraigo y la prisión preventiva oficiosa —que violan el derecho a la libertad—, la militarización de la seguridad pública —que ha conllevado al incremento de las violaciones a los derechos humanos—, el uso excesivo de la fuerza durante las detenciones, interpretaciones amplias del delito en flagrancia, la falta de acceso a la asistencia legal con abogados calificados, ataques a la independencia judicial, un enfoque punitivo de la política en materia de drogas y carencias en las condiciones de detención.
También observó que la detención arbitraria afecta de manera particular a los miembros de los Pueblos Indígenas. Sobre la justicia juvenil, observó casos de violencia durante los arrestos y falta de asistencia jurídica cualificada. Con respecto a la migración, al Grupo de Trabajo le preocupa el uso frecuente de la detención que solo debe utilizarse como último recurso y por el menor tiempo posible. Además, le preocupa gravemente la detención de facto de niños y niñas migrantes. Por último, observó ausencia de garantías procesales para las personas con discapacidad psicosocial cuando estas están expuestas a una determinación de inimputabilidad en procedimientos penales y la imposición de medidas de detención que pueden superar la de los procesos penales. Adicionalmente, los confinamientos involuntarios siguen siendo una práctica recurrente.
Entre otras recomendaciones, el Grupo de Trabajo alienta a México a adoptar reformas para eliminar el arraigo y la detención preventiva oficiosa y a adoptar prácticas específicas que proporcionen mayor protección contra la detención arbitraria.