Wisse et al. sostienen que cambios en las respuestas estatales al consumo de drogas y temas relacionados deben preparar el camino para el cambio positivo y sostenible en los sistemas sanitario y de justicia penal.
Rigoni et al. sugieren que, pese a los retos relacionados con la obtención de recursos, la sociedad civil puede aportar valor al monitoreo de la reducción de daños en la región.
EHRA examina los servicios para reducción de daños que brindan 10 países a personas que consumen drogas, en un entorno de emergencia de la salud pública.
Conectas, el IDPC y la INNPD presentan sus opiniones ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, enfocándose en las graves violaciones del derecho a la salud de las personas que consumen drogas en Brasil.
La campaña Apoye. No Castigue documenta los esfuerzos de activistas a nivel mundial para hacer progresar la reducción de daños y la reforma a las políticas de drogas.
Mainline ofrece una guía práctica, elaborada con activistas y profesionales, sobre el apoyo a la participación depares en labores dede reducción de daños.
Una investigación realizada por Youth Rise resalta altas tasas de trauma en esta población y la importancia de intervenciones efectivas, involucramiento y estrategias de derivación.
