El IDPC y TB/HIV Care ofrecen orientación sobre la situación de los debates internacionales y regionales sobre políticas de drogas para informar la incidencia política a nivel nacional.
Este informe subraya las oportunidades y derivas relacionadas a la implementación de programas de arresto domiciliario como alternativas al encarcelamiento.
Organizaciones de la sociedad civil urgent al Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU considerar el impacto negativo de la criminalización de las personas usuarias de drogas y del arresto domiciliario sobre las mujeres.
EQUIS - Justicia para las Mujeres encontró que las mujeres entrevistadas están marcadas por la violencia en la infancia y que su fuerza es aplastada por el estigma, la falta de acceso al tratamiento y las condiciones de tratamiento que violan los derechos humanos.
El informe muestra que el aumento del uso de la fuerza por parte del Estado en las zonas de cultivo de coca colombianas ha empeorado durante el período de la COVID19 , con asesinatos y numerosas violaciones de los derechos humanos.
Elementa y el Instituto RIA investigan para las Naciones Unidas arrestos, detenciones, procedimientos de justicia penal y violaciones de los derechos humanos de personas sospechosas de haber cometido delitos de drogas en México.
Chang et al. urgen ponerle fin a la criminalización y adoptar una nueva realidad basada en la solidaridad y la cooperación, centrada en la salud, derechos y dignidad de las perosnas que usan drogas.
Reprieve y LBHM discuten las contradicciones entre los objetivos de desarrollo y las políticas punitivas de drogas, y el impacto negativo en los términos sociales, económicos y ambientales.
El CEDD y Dejusticia recomiendan medidas de emergencia para proteger la vida de las personas privadas de libertad, como la puesta en libertad anticipada, indultos y alternativas al encarcelamiento para las poblaciones vulnerables.
