Más de medio siglo después del advenimiento de un régimen mundial de prohibición de las drogas y del lanzamiento de la "guerra contra las drogas" de Estados Unidos, los resultados han sido desastrosos para América Latina y el Caribe, y para los propios Estados Unidos. Peor aún, las consecuencias de la prohibición están exacerbando otros problemas graves—corrupción y crimen organizado, violencia perpetrada con impunidad, pérdida de bosques y cambio climático así como el aumento del desplazamiento y la migración—, lo que hace que las soluciones a estos desafíos sean aún más difíciles de alcanzar. La adopción histórica de la estrategia de reducción de daños por parte de la administración Biden en el contexto de su política de drogas representa un avance enorme que salva vidas. Pero incluso con los servicios de reducción de daños, las medidas para despenalizar la posesión de drogas y los cambios en curso para regular legalmente el cannabis recreativo, el peso de la prohibición de las drogas sigue intacto y la guerra contra las drogas continúa en las Américas. Las principales víctimas de la represión gubernamental en nombre del control de las drogas y de las acciones de grupos de crimen organizado siempre han sido y siguen siendo las comunidades más empobrecidas y marginadas.Al mismo tiempo, el comercio ilegal de drogas constituye una estrategia de supervivencia económica para millones de personas en América Latina y en todo el mundo, una red de seguridad social de facto que las élites nacionales y los propios gobiernos han demostrado no querer o ser incapaces de proporcionar.

Al haber echado raíces profundas a lo largo de las décadas—ideológicamente, políticamente, burocráticamente e incluso culturalmente—la prohibición puede parecer impermeable a las reformas. Sin embargo, el régimen actual no era inevitable, sino más bien el producto de un momento histórico determinado, y no tiene por qué perdurar para siempre. Reconocer que la prohibición es, de hecho, una opción política, no una condición inmutable, debería animar a la sociedad civil así como a los legisladores y las legisladoras a emprender deliberaciones, debates y análisis profundos y necesarios para la transición hacia mejores opciones de políticas de drogas orientadas a la regulación legal, la reducción de daños y la despenalización. El fundamento de la transición hacia la regulación no es que las drogas sean seguras, sino que el consumo de drogas plantea una serie de riesgos y que los gobiernos deben aplicar sus herramientas de regulación para gestionar esos riesgos con el fin de proteger la salud y la seguridad públicas. Los modelos de regulación deben priorizar los intereses y la inclusión de las comunidades más perjudicadas por la aplicación punitiva de la prohibición de las drogas. Estos marcos reguladores serán mucho más adecuados que la prohibición para proteger los derechos humanos y promover la salud, la igualdad de género y racial, la seguridad y la sostenibilidad medioambiental.