La sesión 64ta de la Comisión de Estupefacientes (la CND – por sus siglas en inglés – o “La Comisión”) se celebró entre el 12 y el 19 de abril de 2021. La sesión se realizó como una reunión híbrida en respuesta al COVID-19. Pese a este formato, varias cuestiones y temáticas ya familiares siguieron siendo visibles. Las expectativas no eran especialmente altas, dado que mucha de la atención previa a la CND se enfocó en los aspectos prácticos de una reunión híbrida. La presentación a debate de apenas cinco resoluciones, ninguna de ellas aparentemente contenciosa, sugería otro año tranquilo. La conmemoración de los aniversarios 60mo y 50mo de la Convención Única sobre Estupefacientes y del Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas, respectivamente, ciertamente generaron niveles de respaldo mayores a los habituales hacia los tratados de la ONU para el control de drogas. Sin embargo, aunque puede apreciarse un acuerdo sobre ciertos temas específicos –particularmente respecto al acceso a sustancias controladas para fines médicos– también saltaban a la vista perspectivas cada vez más divergentes.

Tal como ha sido el caso en años recientes, la salud y los derechos humanos figuraron de manera prominente en declaraciones y discusiones dentro del Plenario y del Comité en Pleno (CoW, siglas en inglés). En ambos entornos, el discurso público de los Estados Miembros reflejaba perspectivas y realidades domésticas tremendamente diferenciadas, incluyendo en ocasiones el uso de la pena de muerte para delitos relacionados con drogas. La desconexión entre los derechos humanos y los debates sobre políticas de drogas en la ONU también puede apreciarse en la Declaración de la CND –que técnicamente es una resolución– respecto a la actual emergencia global de salud y su impacto sobre la implementación de los compromisos conjuntos de Estados Miembros para abordar y contrarrestar todos los aspectos del “problema mundial de las drogas”. En este caso, aunque las dinámicas en las negociaciones siguen siendo poco conocidas debido tanto a la pandemia como al creciente uso de “consultas informales”, el documento de consenso perdió la oportunidad de reconocer el rol de las leyes de drogas como uno de los factores clave que impulsan el encarcelamiento masivo, la detención arbitraria y las violaciones a los derechos humanos. En otra sección del CoW, el debate respecto al concepto igualmente fundamental de “marginalización social” resultó en una disputa imprevista, prolongada y, en ocasiones, acalorada. 

Sin embargo, fue en este contexto que la delegación estadounidense demostró un significativo cambio de su postura. En efecto, habiendo la Administración Biden-Harris ya anunciado a inicios de abril un enfoque hacia el uso de drogas más orientado a la salud dentro de los EE.UU., incluyendo “Reforzar esfuerzos para la reducción de daños basados en evidencias”, resultaba fascinante ver cómo ello se traducía en el ámbito internacional. El compromiso de los EE.UU. hacia tal ajuste de actitud podía ciertamente apreciarse por igual en su respaldo histórico y explícito hacia la reducción de daños en el foro. Ello no obstante, queda por ver cómo evolucionará la “estrategia reformista sobre drogas” de la Administración Biden en la CND y en otros espacios, incluyendo en el sistema de la ONU. Al igual que la mayoría de los aspectos de la política exterior estadounidense, las complejidades abundan. Y en ninguna parte ello resulta más evidente que en relación con el Equipo de Trabajo encargado de la implementación de la Posición Común del Sistema de las Naciones Unidas en materia de drogas. Tal como fue el caso en la sesión de 2020, junto con la Posición Común, el Equipo de Trabajo surgió como un importante punto de desacuerdo – y quizá uno que profundizaba tal desacuerdo. Aunque no generaron un enorme volumen de debate, aquellas declaraciones que sí comentaban el funcionamiento del Equipo de Trabajo revelaron no sólo las actuales divisiones en el interior de la Comisión, sino también curiosos alineamientos. Respecto a este tema, las delegaciones rusa y estadounidense se encontraron del mismo lado en su oposición al Equipo de Trabajo, viéndolo como una amenaza a las agencias con sede en Viena. 

Una vez más Rusia fue también particularmente visible en su hostilidad hacia cualquier socavamiento y relajamiento percibidos en el sistema internacional para el control de drogas, especialmente en lo referente a posturas de políticas sobre cannabis. La declaración rusa en el Debate General planteó la identificación de drogas en su propia estrategia nacional para el control de estas sustancias como una prioridad de seguridad nacional, y resaltó que uno de sus fines primordiales “consiste en prevenir cualquier debilidad o reconsideración del régimen global para el control de drogas, incluyendo la legalización de drogas”. Varios otros Estados también señalaron explícitamente su inquietud respecto a la legalización del cannabis. A la inversa, aunque México se refirió a esfuerzos democráticos dentro del país que llevasen a una “regulación responsable”, sólo la declaración de Jamaica podía ser considerada como un desafío al marco existente para la fiscalización. Estos comentarios de orientación reformista estaban bastante alineados con la postura de la delegación respecto al cannabis para uso médico y el entusiasmo de ésta hacia la decisión sobre la reclasificación del cannabis en la lista de sustancias controladas, tomada por la Comisión a fines de 2020. Y respecto a este tema, la división también resultaba aparente. Mientras el apoyo a la medida provenía de una mezcla ecléctica de Estados, eran predominantemente –aunque no exclusivamente– naciones africanas, incluyendo quizá de forma engañosa el Grupo de Estados Africanos, las que seguían incómodas con las decisiones que fueron aprobadas con el mínimo margen posible en diciembre. 

Pese a cierta ansiedad entre la sociedad civil respecto al proceso hasta la realización de la sesión, el formato híbrido no impactó demasiado su participación. De hecho, el uso de la plataforma “Interprefy” de la ONU facilitó una mayor participación, planteando dudas respecto al grado en que debería continuarse con algunas prácticas híbridas en futuras reuniones de la Comisión. Por consiguiente, aunque virtual, la presencia de la sociedad civil siguió siendo robusta a lo largo de la semana. Tal fue el caso no sólo en los ahora normalizados “diálogos informales” con órganos de la ONU y eventos paralelos, sino también en declaraciones en el Plenario. 

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