Por Gloria Rose Achá / Acción Andina - Bolivia

La Política en materia de drogas en Bolivia sigue el modelo de fiscalización internacional enmarcado en la Covención Única sobre Estupefacientes de 1961, el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971 y la Convención de 1988 contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, instrumentos internacionales que han sido suscritos y ratificados por Bolivia.

Este modelo de control de drogas, conocido como modelo prohibicionista, es cuestionado a nivel internacional por haber generado respuestas estatales desproporcionadas que afectan a poblaciones en situación de vulnerabilidad, por haber prorizado el uso del Derecho Penal por sobre las respuestas sociales y en salud, y por provocar la violación de los derechos humanos de diversos sectores de la población.

El enfoque tradicionalmente punitivo de la política de drogas, ha tenido también efecto sobre una población que se encuentra lejos de la violencia y el lucro del narcotráfico. Es una población compuesta por personas que sufren enfermedades graves, crónicas o incurables, trastornos neuropsiquiátricos y psiológicos, lesiones cerebrales y otras condiciones de salud, quienes usan productos de cannabis (marhuana) como parte de sus tratamientos, para aliviar los síntomas de las enfermedades que sufren y tener una mejor calidad de vida.