Los mercados ilegales de drogas proporcionan una inmensa fuente de poder y ganancias a los grupos de la delincuencia organizada. Esta situación no ha variado a pesar de la gran inversión de capital político, económico, social y militar dedicado a la “guerra contra las drogas” a escala mundial, que también ha generado un gran y trágico costo humano. Lejos de reducir los mercados de drogas – que, de hecho, se están expandiendo en escala y complejidad en todo el mundo –, las respuestas represivas de la justicia penal y las entidades militares han exacerbado los ya profundos impactos de la delincuencia organizada relacionada con las drogas, desde la violencia generalizada en algunos Estados hasta el aumento de la corrupción, y han socavado la estabilidad política y económica.

En los debates internacionales sobre la política de drogas siguen imperando discrepancias profundas. A pesar del compromiso renovado con el enfoque prohibicionista que se adoptó en la Declaración Ministerial de la Comisión de Estupefacientes (CND) de las Naciones Unidas (ONU) en marzo de 2019, en el seno del sistema de la ONU cada vez se reconocen más los perjuicios del régimen actual de control de drogas, y la necesidad de buscar opciones como la despenalización del uso y la posesión para uso personal. Los países están adoptando cada vez más modelos de despenalización, y la legalización y regulación del cannabis para uso recreativo se está convirtiendo en una realidad en varias jurisdicciones. Sin embargo, al mismo tiempo, otros países se han movido en la dirección contraria, redoblando los esfuerzos para erradicar el uso de drogas mediante enfoques punitivos que perjudican la salud y los derechos humanos.

En este contexto tan polarizado, la necesidad de que los Estados con mentalidad reformista aboguen por respuestas basadas en pruebas empíricas frente a la delincuencia organizada y el tráfico de drogas es mayor que nunca. El presente informe persigue apoyar este empeño analizando las cinco vías clave para mejorar la política de drogas que se presentaron en el informe de la Comisión Global de 2014. En paralelo a las estrategias para garantizar la salud y la seguridad de las personas que usan drogas, este programa coherente de cinco componentes aboga por que se reorienten las respuestas de aplicación de la ley al tráfico de drogas y la delincuencia organizada como elemento esencial de la reforma de la política de drogas.

El informe ofrece una visión general de cómo la “guerra contra las drogas” en todo el mundo ha alimentado y potenciado, en contra de sus objetivos declarados, la delincuencia organizada transnacional. Es posible dar respuestas más eficaces a la delincuencia organizada transnacional y el tráfico de drogas – tanto mediante enfoques centrados en la aplicación de la ley focalizados y mesurados como mediante estrategias de desarrollo que aborden las causas de raíz de la delincuencia organizada – y estas se pueden poner en marcha incluso aunque los mercados sigan siendo ilegales. La regulación de las drogas brinda una oportunidad sin precedentes para sacar a los mercados de drogas de la esfera de la fiscalización penal, como declaró la Comisión Global el año pasado, pero también plantea nuevos desafíos en la lucha contra la delincuencia organizada. Este informe examina las lecciones aprendidas tanto en un contexto de prohibición como de un mercado legalmente regulado.

La aplicación de políticas de drogas más progresistas a menudo se ha visto frenada por el régimen de control internacional, por la falta de coherencia entre las entidades de la ONU y entre los organismos regionales, y por el conservadurismo profundamente arraigado en el régimen internacional. Así, en este informe se repasa la trayectoria del régimen de fiscalización internacional de drogas en lo que respecta a la lucha contra el tráfico de drogas y la forma en que se podría lograr una coordinación más eficaz en el futuro, si se encontrara la voluntad política para ello.