El tratamiento obligatorio a largo plazo no puede ser justificado en el terreno de la eficacia y la ética. La práctica también ha sido asociada con numerosas violaciones de derechos humanos. Es absolutamente esencial que cualquier sistema de tratamiento sea desarrollado y usado en pleno respeto con los principios de derechos humanos, la ética médica y la evidencia global, dentro del marco de un enfoque de salud pública.

La evidencia también muestra que, cuando un delito es cometido para financiar la dependencia de drogas, es posible ofrecer al infractor una elección entre tratamiento y una sanción, pero esto debería darse bajo supervisión judicial estricta, y solo si se cumplen una serie de criterios (destacados arriba).

También es posible que el Estado pueda ordenar tratamientos obligatorios a corto plazo en situaciones excepcionales en las que el uso de drogas genere una amenaza real e inmediata para la persona o la sociedad.

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