El mal negocio de prohibir la coca

Por Juan Carlos Garzón-Vergara y Julián Wilches

En medio de la escalada de violencia en México, estimulada por la disputa entre organizaciones criminales, la corrupción y la incapacidad del Estado de proteger a sus ciudadanos, Michele Leonhart, jefa de la DEA, afirmó: “Puede parecer contradictorio, pero el infortunado nivel de violencia es una señal del éxito en la lucha contra las drogas”. La declaración de la funcionaria es el perfecto abrebocas para la tesis de este artículo: en América Latina la política de represión contra la oferta de drogas ha sido un mal negocio, los costos de la estrategia antinarcóticos han sido muy superiores a los beneficios esperados.

Aun aceptando que la política de represión de la oferta de cocaína produjo una notable baja en el consumo de esta droga en Estados Unidos (en el periodo 2006-2010), haciendo un análisis costo/beneficio de esta política, América Latina resulta en números rojos. Lo que muestra la evidencia es que para la región la prohibición de la cocaína ha tenido como correlato altos niveles de violencia, corrupción, inestabilidad y debilitamiento del precario orden institucional. Adicionalmente, la política de drogas no resiste el mínimo examen en términos de salud pública, el respeto de los derechos humanos y el desarrollo.

No pretendemos afirmar que la prohibición de la cocaína explica todos los males de la región. Caer en esta afirmación equivaldría a desconocer la intrincada red de relaciones que se tejen entre la inseguridad, la corrupción, la debilidad de los sistemas de justicia y los múltiples órdenes que compiten con el Estado. Sin embargo, desde la perspectiva de las políticas públicas, sí es posible identificar los costos y efectos, los ganadores y perdedores de la intervención del Estado.

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