El debate sobre las políticas de drogas ocupa un lugar controversial en la actual agenda pública en Argentina, y se vincula con temas tan sensibles como la seguridad, la salud pública, los derechos humanos y las propias condiciones de gobernabilidad. Este debate trasciende a la esfera internacional, en la primera década del siglo XXI se incrementó el debate sobre las políticas de drogas en América Latina. Se cuestionaron las consecuencias negativas de la política de guerra a las drogas en términos de la afectación de los derechos de los usuarios y de los cultivadores de plantas declaradas ilícitas, así como de la autonomía de los estados frente al régimen de fiscalización internacional (Touzé & Goltzman, 2011). La promoción de los derechos humanos, de la salud y de la seguridad pública, es parte de un cambio de paradigma en curso en la definición de las políticas públicas de drogas en algunos países de la Región.

Estas tendencias conviven con iniciativas que sustentan el paradigma prohibicionista y los enfoques criminalizadores en el control de la oferta y de la demanda de drogas, pilares fundamentales de las políticas instauradas en distintos estados en el siglo pasado, incluidos los estados latinoamericanos (Blickman y Jelsma, 2009).

En el plano nacional, también conviven ambas posiciones y se disputan la tendencia de las vigentes pero también de las próximas políticas de drogas. La 18ª Conferencia Nacional sobre Políticas de Drogas pretende profundizar esta discusión, poniendo en evidencia las contradicciones de las distintas políticas y medidas e impulsando una toma de posición que incline hacia un discurso y una práctica apoyados en evidencia científica, y en una perspectiva de mayor tolerancia y respeto por los derechos humanos.

Iniciada en 2003, la Conferencia sobre Políticas de Drogas pretende ser una plataforma para la discusión y la elaboración de propuestas superadoras.

Los objetivos generales de la conferencia son:

Propiciar un debate social informado con miras a impulsar políticas no punitivas, basadas científicamente, que respondan de manera eficaz a los diversos problemas asociados con las drogas.

Generar un intercambio a nivel nacional entre académicos y decisores políticos a fin de mantener actualizado el mapa sobre el consumo de drogas, problemas asociados, políticas e intervenciones.