El 17 de junio, participé en la última reunión anual del Programa de Cooperación entre América Latina y la Unión Europea en Políticas sobre Drogas (COPOLAD), un proyecto de cuatro años financiado por la Comisión europea y que busca consolidar el mecanismo entre la UE y CELAC (la Comunidad de Estados latinoamericanos y del Caribe), intercambiar evidencia y buenas practicas sobre la reducción de la demanda y de la oferta, y fortalecer observatorios nacionales de drogas. El IDPC, como miembro asociado, ha sito involucrado en el mecanismo desde el 2012. Otros miembros incluyen representantes gubernamentales y organizaciones multilaterales, como la Organización Pan-Americana de Salud (OPS) y otros.  

En esta reunión específica, participantes intercambiaron información y buenas prácticas sobre políticas de drogas basadas en la salud. Fue muy positivo ver a tantos oficiales gubernamentales de América Latina y Europa mencionar de la necesidad de establecer programas de tratamiento basados en la evidencia y de reducción de daños, pero también de descriminalizar el uso de drogas. El año pasado, opiniones ya estaban cambiando –dejando una visión de prohibición severa–  durante la tercera conferencia anual de COPOLAD, durante la cual participantes hablaron de la sobrepoblación carcelaria causada por la condena de mujeres por micro-tráfico a través de América Latina.  Allá, oficiales gubernamentales no pudieron evitar de reconocer el fracaso de la guerra a las drogas y la necesidad de revisar políticas de drogas actuales para que las personas más vulnerables y marginalizadas no sufraguen los costos de un enfoque que claramente no ha funcionado.

Este junio, representantes gubernamentales y regionales usaron la plataforma ofrecida por COPOLAD para promover ejemplos de buenas prácticas de Europa y América Latina sobre como la salud puede ser protegida en el marco de políticas y leyes sobre drogas. Luis Alfonzo Bello de la OPS hizo una llamada particularmente fuerte en su presentación pregrabada sobre la necesidad de revisar el enfoque de nuestras políticas para incluir un amplio abanico de intervenciones sanitarias y sociales para usuarios de drogas, con la participación activa de la sociedad civil. Otros paneles fueron marcados por presentaciones por parte de Chile, España, Colombia y Brasil, todos llamando a enfoques basados en la evidencia para reducir los daños. Portugal tuvo también la oportunidad de presentar su política de descriminalización y sus beneficios en términos de salud y de inclusión social desde el 2001. Y por su parte, Uruguay no presentó su nueva ley de regulación del cannabis durante el evento, pero el coordinador sobre drogas habló del enfoque de salud que el país ha adoptado  desde décadas para asegurar que usuarios de drogas pueden acceder a los servicios de salud que necesitan si temer ser estigmatizados o arrestados (el uso de drogas nunca fue criminalizado en el país).

Como representante del IDPC, la única ONG representada en COPOLAD con la RIOD (Red Iberoamericana de ONG que Trabajan en Drogodependencias), pude presentar el proyecto del IDPC sobre la “Modernización de la aplicación de las leyes sobre drogas”. El objetivo de mi presentación era explicar cómo los esfuerzos policiales y de aplicación de las leyes sobre drogas pueden apoyar –en vez de socavar– los programas que intentan mejorar la salud de usuarios de drogas. Presenté una variedad de ejemplos como el del apoyo de la policía de Londres a servicios de intercambio de agujas y jeringas en los años 1980-1990, o el papel de la policía en Ginebra o Vancouver para animar a usuarios a usar sus drogas en la sala de consumo de drogas de la ciudad para reducir muertes por sobredosis y el riesgo de infección por el VIH y la hepatitis C. De manera general, este nuevo enfoque para la policía fue bien recibido por los participantes, aunque es claro que estos ejemplos tendrán que ser adaptados al contexto latinoamericano.

La reunión terminó con una presentación sobre lo que podemos esperar de la fase 2 de COPOLAD, que debería empezar a principios del 2015. Teresa Salvador-Llivina, la coordinadora de COPOLAD –quien ha sido absolutamente fantástica en mover allá este proyecto tan ambicioso desde hace cuatro años– hizo dos anuncios interesantes. Primero, el enfoque regional del proyecto va a ser ampliado para incluir países del Caribe. Esto será una adición interesante al proyecto y una manera de promover más intercambio de información con esta parte del mundo.  Y segundo, hubo un reconocimiento positivo sobre el hecho de que la sociedad civil debería ser más involucrada en la segunda fase del proyecto. El IDPC continuará participar en este mecanismo tan interesante y, con la RIOD, continuaremos promover la voz de la sociedad civil en el debate.