Aun cuando es muy pronto para sacar conclusiones definitivas, el triunfo de Enrique Peña Nieto en las elecciones presidenciales de México no parece ser buenas noticias para la reforma de la política de drogas en el país, y muy probablemente, tampoco para el debate en la región.

En cuestiones de drogas, durante la campaña, Peña Nieto y el PRI no hicieron sino ceñirse sin chistar al conocido y más conveniente guión de nuestros vecinos del norte: no definieron nada en concreto, el candidato dejó muy claro su rechazo a cualquiera noción cercana a la “legalización de las drogas”, mantuvo silencio frente al debate internacional y garantizó la continuidad de los esfuerzos de México contra el crimen organizado.  

Más allá de esto, sabemos muy poco más de lo que piensa hacer el próximo mandatario.

Anunció que será asesorado por un experto con trayectoria prominente en la materia, el General Naranjo, gloria de las fuerzas policiales colombianas; y que creará una gendarmería nacional de 40.000 policías (sea lo que sea que ello signifique) no parece existir mucha voluntad por asomarse a ningún debate en el tema de las drogas, aun cuando este se encuentre íntimamente vinculado con los del narcotráfico, el crimen organizado y la seguridad del país.

La llegada del General Naranjo, si se concreta, manda la señal también de que la nueva administración considera la estrategia colombiana como un “éxito”, y que ésta puede ser recreada en México, a pesar de las diferencias sustanciales que presentan ambos países aun cuando se trate del mismo fenómeno.

Pero ante la persistencia del debate regional sobre la necesidad de reformar las políticas de drogas, la petición de Bolivia frente al tema de la coca (que se resolverá a fines de este año), la creciente aprobación del uso de la marihuana medicinal en los Estados Unidos, así como de las voces a nivel mundial que claman con cada vez más resonancia y menos oposición un cambio cualitativo en el enfoque del control internacional sobre drogas, es muy probable que el próximo Presidente mexicano tenga que encarar, en algún momento, el asunto con algo más que generalidades o un nuevo nombre para la policía.

Por eso, el periodo que comenzó desde el 2 de julio y que durará hasta el 1 de diciembre, fecha en que el nuevo gobierno tomará posesión, será de suma importancia para proponer nuevos enfoques por un lado, y para exigir al gobierno en ciernes por el otro, a reflexionar y actuar con base en alternativas más humanas y más eficaces, al desastre que deja la administración de Felipe Calderón en materia de drogas.

Este blog fue originalmente publicado en el sitio web de CUPIHD.

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