Por Parker Asmann / InSight Crime

El recién posesionado presidente de Bolivia, Luis Arce, enfrentará varios acuciantes desafíos de seguridad en su trabajo por devolver la estabilidad al país, pero ninguno tan importante como fijar una política clara en materia de drogas. La contundente victoria electoral de Arce a finales de octubre marcó el retorno al poder del partido Movimiento al Socialismo (MAS), liderado por el expresidente Evo Morales antes de su derrocamiento y de verse forzado al exilio luego de la polémica elección de octubre de 2019.

Una represión abierta contra la oposición con la anuencia del gobierno y abusos generalizados contra los derechos humanos —entre los que se cuenta la matanza de 10 cocaleros cuando efectivos del ejército abrieron fuego sobre un grupo de manifestantes que lamentaban la salida de Morales— definieron en buena parte la gestión de 12 meses del gobierno interino de Jeanine Áñez.

Ahora, Arce está ante la tarea no solo de restaurar la calma en el país andino, sino también de luchar contra el incremento de narcovuelos que salen del departamento de Beni, al norte del país, y las denuncias de que la pandilla brasileña Primer Comando de la Capital (Primeiro Comando da Capital, PCC) puede estar abasteciendo la mayoría de su demanda de cocaína en Bolivia, entre otros.

Bolivia se ha dado a conocer por su visión progresista en términos de política de drogas, incluida la creación de un mercado doméstico legal para la coca. Pero el gobierno provisional de Áñez se apresuró a dar un viraje a la estrategia antinarcóticos, retrocediendo a las medidas de mano dura centradas en la meta idealista de crear un país “libre de drogas”.

En la administración de Morales, el gobierno adoptó una estrategia distinta en su política de drogas e invirtió en un programa de “control comunitario de la coca”. Este se centró en un trabajo directo con los cultivadores de coca para mantener la cuota de producción legal, fijada en 22.000 hectáreas, “en lugar de erradicar la planta de manera precipitada”, según señaló un informe de Open Society Foundations.