Nosotras, como organizaciones comunitarias y de la sociedad civil que trabajamos por la reforma de las políticas de drogas y por la reducción de daños, instamos a la comunidad internacional a asumir acciones proactivas y coordinadas para proteger la salud y los derechos humanos de las personas que usan drogas, a la luz de la crisis del COVID-19.

La infección del COVID-19 no discrimina, pero magnifica las desigualdades sociales, económicas y políticas ya existentes. Las personas que usan drogas son especialmente vulnerables debido a la criminalización y al estigma, y a que a menudo experimentan problemas de salud subyacentes, mayores tasas de pobreza, desempleo y falta de hogar, así como un deficiente acceso a recursos vitales, lo cual les supone un mayor riesgo de infección. Esta crisis debe convertirse en una ocasión para repensar el rol del castigo, para reformar el sistema y para trabajar para el fin de la guerra contra las drogas. Si se trata de “aplanar la curva”, proteger la salud de quienes se encuentran más marginalizados en la sociedad debe ser una prioridad urgente.

En tiempos de crisis, incertidumbre y turbulencia, es imperativo que los derechos humanos actúen como un punto de anclaje. Debe prestarse cuidadosa y vigilante atención al acceso sin discriminación a la atención de salud, la dignidad humana y la transparencia. Múltiples gobiernos enfatizan que están librando una “guerra”, justificando con esa terminología un enfoque militarizado que les permite suspender derechos y libertades. La historia muestra que estas facultades extraordinarias son habitualmente utilizadas contra los miembros más oprimidos de la sociedad, quienes corren el riesgo de ser sacrificados en aras del control de la infección. En momentos en que los Estados declaran situaciones de emergencia, la comunidad internacional debe advertir contra la creación de un “nuevo paradigma” donde los Estados renuncian a su obligación de servir y amparar a todas las personas.

La incapacidad para encaminar y manejar efectivamente la respuesta al COVID-19 tendrá consecuencias desastrosas. La comunidad internacional, incluyendo los donantes internacionales, deben actuar inmediatamente para garantizar que las respuestas a esta pandemia a nivel nacional, regional y global toman en cuenta las necesidades de las personas que usan drogas y respetan los derechos fundamentales de todas las personas, a través de recomendaciones de políticas, y de respaldo financiero y político.